El Ministerio Público acusó a varios exfuncionarios por actos de corrupción, dentro de los cuales se encuentran un exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), exautoridades de Banadesa y empresarios extranjeros acusados de defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó una serie de requerimientos fiscales contra exfuncionarios vinculados a casos de corrupción, fraude y lavado de activos, que involucran perjuicios de millones de lempiras al Estado.
Uno de los requerimientos fue interpuesto contra el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto González, así como los exfuncionarios Alan Orlando Carranza, Enoc Eusebio Reyes y Javier Enrique Caballero.
Los señalados son acusados de gestionar de manera ilegal la devolución de bienes incautados durante el operativo «Magnate», realizado en marzo de 2022 en San Pedro Sula, Cortés. Entre los bienes figuran una lujosa vivienda ubicada en Merendón Hills, cuatro vehículos y una empresa, que estaban bajo administración del Estado como parte de una investigación por lavado de activos.
Información obtenida de manera exclusiva por EL LIBERTADOR en 2022 revela que el exdirector de la OABI, junto con Omar González Funes, ambos familiares, fue involucrado en un desfalco millonario a la organización no gubernamental Corporación Técnica Nacional (CTN) en 2001, que recibía fondos de Suecia para la reconstrucción de Honduras.
Como se recordará, el país sufrió una grave devastación en 1998 como consecuencia del fenómeno meteorológico Huracán Mitch.
Además, la fiscalía emitió requerimientos fiscales contra exautoridades del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Julio César Maldonado, quien actuaba como representante de una constructora; José Rubén Álvarez, presidente de una cooperativa; Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes, por fraude y lavado de activos.
La fiscalía señala que los acusados utilizaron un fideicomiso fraudulento creado en 2016 para la supuesta construcción del mercado «Las Acacias» en Juticalpa, Olancho, obra que nunca fue ejecutada, desviando 2.8 millones de lempiras para fines personales y transferencias irregulares a terceros.
Asimismo, la fiscalía presentó requerimientos fiscales con orden de captura internacional contra los guatemaltecos Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas, acusados de sustraer 9.7 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010 y 2014.
De acuerdo con la investigación, los fondos fueron desviados mediante empresas fachada sin relación alguna con el instituto.
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