ANÁLISIS CESPAD: ¿PUEDE EL ESTADO GARANTIZAR JUSTICIA A VÍCTIMAS DEL GOLPE 2009?

“Justicia para Isy Obed”, así ha titulado el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) su más reciente informe, en el cual expone las trabas estructurales que han impedido que se haga justicia en este caso, considerado un símbolo de la represión estatal y de la falta de garantía de derechos humanos en el país.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha presentado su informe: “Justicia para Isy Obed: el desafío en la lucha contra la impunidad en Honduras”, que reconstruye los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009 y analiza las profundas grietas en el sistema judicial hondureño.

El informe recuerda que el golpe comenzó tras la destitución ilegal del presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, quien impulsaba una consulta ciudadana para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la reacción de los sectores conservadores, la cúpula militar y el Congreso Nacional derivó en su expulsión del país y en la instauración de un régimen de facto liderado por Roberto Micheletti.

El 27 de enero de 2006, Manuel Zelaya Rosales ganó la presidencia de la República de Honduras tras derrotar a su oponente Porfirio Lobo, del Partido Nacional, en las elecciones generales de 2005, recuerda CESPAD y continua: Zelaya, quien era un político influyente dentro del Partido Liberal y ha sido parte de la oligarquía terrateniente del país, obtuvo su victoria con el apoyo de los sectores políticos pudientes y la venia del gobierno de los Estados Unidos.

Protestante contra el golpe es humillado y golpeado por militares .

La crónica continua; en mayo de 2009, el Ministerio Público (MP) impugnó el decreto que aprobó el Consejo de Ministros que permitía la consulta ciudadana, ya que la Fiscalía era del criterio de que la “Constitución hondureña solo reconocía el plebiscito y el referéndum, y en ningún caso consultas populares».

Mientras tanto, el Poder Judicial prohibió a la institución castrense obedecer el mandato presidencial. A esto siguió la destitución —por orden de Zelaya— del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, hoy prófugo por acusaciones de un asesinato cometido en el contexto del golpe de Estado.

Para el 28 de junio, Zelaya fue sacado de su residencia a la fuerza por un grupo de militares que estaban bajo las órdenes de la más alta jerarquía militar; fue detenido, trasladado a Costa Rica y luego conducido a Nicaragua.

Un grupo de ciudadanos carga el cuerpo sin vida del joven Pedro Magdiel Muñoz, asesinado presuntamente por militares –según denunciaron miembros del FNRP—. (Foto de Pedro Portal/Miami Herald/Tribune News Service vía Getty Images)

Con Zelaya derrocado, lo que siguió fue una brutal represión por las diferentes fuerzas del Estado contra los manifestantes en contra del golpe de Estado, quienes se unieron en lo que se conoció como el Frente Nacional de Resistencia Popular. Estos sufrieron persecución, violaciones, violencia, intimidaciones; incluso, algunos fueron asesinados.

Una de las víctimas más emblemáticas fue Isy Obed Murillo, asesinado el 5 de julio de 2009 presuntamente por disparos de militares durante una protesta ciudadana frente al aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, cuando Zelaya intentó regresar al país.

Cientos de delitos de lesa humanidad se contabilizaron durante las protestas contra el golpe de Estado. AFP PHOTO/Jose Cabezas (Photo by Jose CABEZAS / AFP) (Photo by JOSE CABEZAS/AFP via Getty Images)

En enero de 2025, la Fiscalía inició una acusación formal en contra de tres altos militares en condición de retiro: Venancio Cervantes, Carlos Roberto Puerto y Romeo Vásquez Velásquez. Este último, exjefe de las FF.AA., quien, tras ser favorecido con arresto domiciliario, huyó de la justicia cuando se le ordenó regresar a la cárcel de Tamara. Actualmente, las fuerzas de seguridad ofrecen una recompensa de 3.5 millones de lempiras por información sobre su paradero. 

El CESPAD detalla cómo el caso fue presentado a la justicia en enero pasado y, aunque se ordenó arresto domiciliario, la Corte de Apelaciones exigió el retorno a prisión; sin embargo, dos se entregaron voluntariamente: Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, mientras que Romeo Vásquez está prófugo. 

Soldados hondureños golpearon fuertemente a un partidario del derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya. Diversos informes apuntan responsabilidad por delitos de lesa humanidad, al exjefe de las FF.AA., Romeo Vásquez. AFP PHOTO/Orlando Sierra (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

La organización enfatiza que el asesinato de Isy Obed Murillo y las múltiples víctimas que reclaman justicia reviven viejas heridas, ya que los hechos se reconstruyen de acuerdo con intereses en pugna. Por eso, es muy importante acceder a la verdad, obtener la reparación de los daños y alcanzar justicia para fortalecer las instituciones. 

Lea el informe de CESPAD haciendo clic aquí.

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