Según la Fiscalía, nueve exdirectores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) habrían utilizado una serie de acciones ilícitas que les permitió apropiarse de fondos de la institución destinados para la construcción de un edificio cuyo valor era de aproximadamente 55 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público logró ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial en Materia Penal de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, reunir prueba indiciaria suficiente para dictar auto de formal procesamiento contra nueve exdirectivos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).
Los acusados enfrentan cargos por Malversación por Apropiación Agravada Continuada en perjuicio de la institución.
Los imputados son: Pedro Arnaldo Pinto, Luis Gustavo Lara, Nelvis Concepción Funes, Carla Lorena Gallegos, Fausto Alexis Nieto, Hulda Argentina Meza, Santos Elio Rosa, Gricelda Margoth Banegas, Francisco Javier Pon y Walter Arismendi Castro.
Según las investigaciones, utilizaron sus cargos para desviar fondos públicos, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Los exfuncionarios –según la Fiscalía–, en conjunto con miembros del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA) y un contratista, idearon un plan para desviar recursos del INPREMA.
La investigación explica que los imputados aprovecharon la necesidad de construir un edificio en Tegucigalpa para justificar la entrega de dos préstamos irregulares. El primero fue por 45.9 millones de lempiras, cuando solo debían autorizar 25 millones.
El segundo préstamo ascendió a 62.9 millones de lempiras, pese a que el monto aprobado debía ser de 34 millones. Mediante presuntas acciones ilícitas, los acusados desviaron fondos para un proyecto cuyo costo real era de 55 millones de lempiras, según las investigaciones.
La jueza fijó la audiencia preliminar para el próximo martes 20 de mayo, donde los fiscales presentarán más pruebas que sustentarán el caso contra los implicados. El Ministerio Público confía en que las evidencias consolidarán una base sólida para el juicio.
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