La fiscalía costarricense ha abierto la acusación contra el mandatario Rodrigo Chaves, tras indicios racionales que de fondos superiores a 400,000 otorgados por el BCIE para mejorar los servicios de comunicación de la casa presidencial “tica”, 32,000 dólares fueron entregados a un amigo cercano y cuadro de la campaña electoral de Chaves.
Agencias y redacción / EL LIBERTADOR
San José. El presidente Rodrigo Chaves está metido en un broncón que podría salirle carísimo. El reciente lunes, 7 de abril, la Fiscalía de Costa Rica confirmó que se abrió una investigación contra el mandatario y el actual ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, por el delito de concusión, ha escrito el periodista del diario digital “La Teja”, Sergio Salazar.
En caso de ser encontrado culpable, Chaves podría pagar con varios años de cárcel.
Todo se basa en 405.800 dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Resulta que el equipo del mandatario contrató a la empresa “RMC La Productora S.A.” del productor, Christian Bulgarelli, para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión.
No obstante, según la Fiscalía, se obligó a Bulgarelli a darle 32,000 dólares, producto de este contrato, “al coimputado (Federico) Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente” costarricense, se lee en la acusación contra el mandatario.
Ahora, Bulgarelli accedió a convertirse en el testigo de la corona de este caso y prometió colaborar para esclarecer los hechos, así como proporcionar información útil para probar la participación de los imputados, citan varios medios del país vecino.
¿QUÉ ES CONCUSIÓN?
Según el Código Penal costarricense, en su artículo 355, el delito de concusión se da cuando “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
En palabras más sencillas, sucede cuando un funcionario usa su poder o autoridad para presionar a alguien a darle algo, ya sea plata, regalos o favores, ya sea para sí mismo o para otra persona. Veámoslo con un ejemplo, si ustedes van manejando y un tránsito los detiene para hacerles una multa, pero, les dice que se pueden arreglar e insinúa que quiere una mordida, eso sería concusión.
Ahora, ¿cuál es la pena en caso de ser encontrado culpable por este delito? El Código Penal deja clarito que se impone una pena de prisión de dos a ocho años y, en caso de haber sentencia, se le inhabilitaría de su cargo.
SUENA RENUNCIA
¿Eso significa que el presidente Chaves podría terminar en prisión? No necesariamente. Según explicó el abogado Kendall Ruiz, todo depende de la pena que se establezca. De manera habitual, en los casos en que se imponen penas que van de los 0 a los 3 años, el imputado tiene la posibilidad de solicitar casa por cárcel, explica periódico “La Nación”.
Cuando son más de 3 años, se pierde ese beneficio y tendría que pagar con cárcel. Eso sí, hay una excepción, si se le impone una pena menor a los 3 años, pero, es reincidente; es decir, ya se le ha acusado en varias ocasiones de este delito, ahí sí se le puede imponer prisión. En los pasillos de presidencia tica, suena que Chavez está meditando la renuncia mientras dura la investigación judicial, pero eso también alteraría la norma constitucional.
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