El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que el Consejo Nacional Anticorrupción no hizo nada cuando denunció el caso “Robo parlamentario del siglo”, asegurando que la ineficiencia de esta institución es porque su directora, Gabriela Castellanos, “no toca a sus amigos” y, además, se ha vuelto una dictadora de esta organización.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, dejó claro que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es una organización que “perdió su razón de ser” y, además, su titular, Gabriela Castellanos, se ha convertido en una “dictadora que representa a un ente eminentemente político.”
Las declaraciones de Redondo surgen luego de que Castellanos criticara la reunión que el presidente del Legislativo tuvo con el reconocido abogado internacional Roberto Viciano, ya que, según ella, esto daba pie a la posibilidad de una asamblea constituyente. Además, la titular del CNA criticó que el actual Gobierno falló en instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
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— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) March 29, 2025
Ante esto, Redondo argumentó que Castellanos solo ha dejado claro que el propósito por el cual nació el CNA ha sido un “fracaso”, ya que “no ha dado respuesta a la necesidad de combatir la corrupción y eliminar la impunidad”.
Asimismo, el congresista se refirió a la denuncia de Castellanos en la que catalogó al actual Congreso Nacional como «el peor de la historia», asegurando que no cumple con su función representativa y que está afectando el manejo de los recursos públicos sin responder a las necesidades del pueblo.
“Yo lleve la denuncia al Ministerio Público, al CNA [y] no hizo nada ¿Por qué? Porque había amigos de ellos. Ella no toca a sus amigos, nosotros hemos demostrado en el Congreso Nacional que hemos derogado la Ley de Secretos; hemos derogado leyes y decretos que se utilizaban para garantizar impunidad”, expresó Redondo.
Finalmente, el presidente legislativo sostuvo que la derogación de estas leyes ha permitido que el Ministerio Público avance en investigaciones sobre corrupción y dé respuestas concretas en la lucha contra la impunidad en el país.
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