A casi dos años desde que la presidenta Xiomara Castro presentó la Ley de Justicia Tributaria, la iniciativa parece haber quedado en un punto muerto debido a la oposición del bipartidismo y otros sectores conservadores.
Según OXFAM, en Centroamérica se pierden anualmente 17,465 millones de dólares por evasión y abuso fiscal, una suma que podría eliminar la pobreza extrema en cinco años.
Redacción Central / ELLIBERTADOR
Tegucigalpa. A inicios del año 2025, la directora ejecutiva del Servicio de Administración de Renta (SAR), Mariana Ríos, afirmó que seguirán presionando para que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto presentado por la presidenta Xiomara Castro, pero cuya aprobación ha sido bloqueada en el Congreso Nacional por diputados de la oposición.
A criterio de los detractores de la medida, una reforma fiscal afectaría gravemente la economía del país, ocasionando la pérdida de empleos y mermando la inversión extranjera. Sin embargo, académicos de la economía—entre ellos, ganadores del Nobel—señalaron que Honduras es uno de los países que más necesita una reestructuración de su política fiscal.
“El total perdido por estas lagunas y exenciones en el periodo de 2010 a 2023 es más que la totalidad de la deuda pública nacional en Honduras [que hasta 2023 fue de 16,600 millones de dólares, unos 426,868 millones de lempiras]”, señaló la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés).
Asimismo, organizaciones como Oxfam se han pronunciado sobre la necesidad de combatir indicadores de subdesarrollo a través de una mayor igualdad fiscal, detallando cómo una maestra, por ejemplo, necesita trabajar 25 años para ganar lo que las 17 personas más ricas en Centroamérica acumulan en una hora.
La directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra, detalla que es una “élite que declara solo el 12 por ciento de sus ingresos reales, mientras que una familia pobre destina el 25 por ciento de sus recursos a impuestos indirectos sobre alimentos y medicinas”. Y es que apenas el 1 por ciento más rico concentra el 28.7 por ciento de la riqueza regional.
En Honduras, según el Espacio de Asociación de Cooperación Internacional (ACI), compuesto por 34 ONG que operan en el país, el 92 por ciento de las exoneraciones se concentra solo en una de cada diez empresas y el 73 por ciento de los ingresos por tributos son generados por impuestos directos sobre el consumo (que son pagados por la población general).
El problema, como detalla OXFAM, no es solo nacional. En Centroamérica se pierden 17,465 millones de dólares por evasión y abuso fiscal, una sangría que equivale al 20 por ciento de todo lo que Honduras, El Salvador y Nicaragua gastan juntos en salud.
Las consecuencias son palpables: nueve de cada diez mujeres rurales no tienen acceso a un centro de salud digno, los hogares pagan de su bolsillo el 43 por ciento de los gastos médicos y las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo invisible de cuidar niños, enfermos y ancianos, sin remuneración ni reconocimiento.
“Son recursos que podrían transformarse en hospitales y guarderías públicas para aliviar la carga que hoy recae principalmente sobre las mujeres y las poblaciones más vulnerables”, señaló la representante de OXFAM Honduras, Daisy Ávila.
OXFAM, además, propone soluciones a la problemática. Por ejemplo, la aplicación de un impuesto progresivo a las grandes fortunas podría recaudar 1,625 millones de dólares anuales. Eliminar privilegios fiscales a corporaciones liberaría otros 2,100 millones de dólares y, si se redujera a la mitad la evasión fiscal, los gobiernos tendrían 8,700 millones de dólares adicionales —más que todo el presupuesto en salud y educación de tres países combinados—.
Deja un Comentario