De acuerdo con medios locales, al presidente argentino, Javier Milei, se le imputan delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y crímenes financieros, al promover una criptomoneda que resultó en la pérdida de 4,000 millones de dólares para la inmensa mayoría de inversores a nivel mundial.
Agencias / EL LIBERTADOR
El presidente de Argentina, Javier Milei, afronta al menos 112 denuncias penales por presunta estafa y varios pedidos de juicio político, en un caso que la prensa ya bautizó como el «criptogate».
De acuerdo con un reporte del periódico El Día, al mandatario se le imputan otros delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y crímenes financieros.
Todo ello se debe a que el viernes pasado Milei promovió en sus redes sociales una nueva criptomoneda llamada $Libra que de inmediato subió de valor debido a la recomendación presidencial. No obstante, en cuestión de horas se desplomó.
El resultado se tradujo en ganancias por 100 millones de dólares para algunos pocos especuladores y creadores de la moneda, y pérdidas por 4.000 millones de dólares para la inmensa mayoría de inversores a nivel mundial.
La principal sospecha es que se trató de un esquema ‘Ponzi’, es decir, que se planeó de antemano para inflar artificialmente el precio de la criptomoneda, a sabiendas de que provocaría pérdidas para compradores argentinos y de otros países que confiaban en Milei.
En las denuncias, que se prevé se incrementarán a partir de este lunes, también se acusa de presuntos delitos a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al empresario y asesor presidencial, Mauricio Novelli; y a los empresarios financieros Julian Peh y Hayden Davis.
Por otra parte, el portal Cenital confirmó que diputados de los bloques opositores Unión por la Patria (peronismo) y Encuentro Federal (socialistas) promoverán un pedido de juicio político contra Milei en la Cámara de Diputados, ya que la promoción de emprendimientos privados no es compatible con la función pública.
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