El Ministerio Público informó que logró un auto de formal procesamiento contra tres altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos, Romeo Vásquez Velásquez, por delitos relacionados con el golpe de Estado de 2009.
Sin embargo, se les dictó la medida cautelar de arresto domiciliario para los imputados. La Fiscalía entendió que interpondrían recursos de apelación a la decisión, dado que la normativa procesal en este tipo de delitos no permite medidas alternativas a la prisión preventiva.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), ha logrado un auto de formal procesamiento contra tres exaltos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes están acusados de ser responsables del homicidio de Isy Obed Murillo Mencías y del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala Licona.
Los procesados son Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto; Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe; y Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales.
El juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa dictó la medida cautelar de arresto domiciliario para los imputados. Sin embargo, el Ministerio Público adelantó que interpondrá los recursos de apelación dentro del plazo legal, dado que la normativa procesal en este tipo de delitos no permite medidas alternativas a la prisión preventiva.
Comunicado oficial del Ministerio Público.
Las investigaciones indican que los hechos ocurrieron en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín, cuando los ciudadanos Isy Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona se encontraban a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
En ese momento, ambos fueron alcanzados por disparos realizados por militares de las Fuerzas Armadas. Murillo Mencías perdió la vida debido a un proyectil en la cabeza, mientras que Zavala Licona sufrió graves lesiones.
El Ministerio Público calificó las acciones de los militares como desproporcionadas, al disparar de manera indiscriminada con fusiles de alto poder, como el M16, contra civiles que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
Según la acusación, estos actos no fueron incidentes aislados, sino crímenes cometidos bajo órdenes directas de los altos mandos, quienes no sólo incumplieron con su deber de supervisar a sus subordinados, sino que facilitaron y permitieron la violencia.
El MP subraya que los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables de planificar y coordinar el operativo, actuaron con negligencia e inacción, lo que permitió que se llevaran a cabo graves violaciones a los derechos humanos. Los manifestantes fueron expuestos a una fuerza militar que actuó de manera brutal y sin justificación.
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