ABOGADO DEL ESTADO EXPLICA AVANCE EN RECUPERACIÓN DE TIERRAS GARÍFUNAS

La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CIANCSI), entregó un informe de los primeros resultados de recuperación de tierras para la comunidad garífuna de Punta Piedra, en Colón, cumpliendo con los compromisos del Estado en fallos internacionales.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), inauguró el proceso de recuperación de tierras para la comunidad garífuna de Punta Piedra, en Iriona, Colón. 

La inauguración oficial de este proceso era muy esperada por la comunidad de Iriona, porque significa el inició del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Honduras, mismas que surgieron luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de “las comunidades garífunas versus el Estado de Honduras”.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Galeas, comentó que puntualmente el caso de la comunidad de “Punta Piedra versus Honduras”, el fallo obliga al Estado a realizar el saneamiento, delimitación y la entrega en propiedad y posesión de sus goces, estos territorios ancestrales a estas comunidades garífunas.

“El Canciller de la República, su servidor el Procurador General, hemos dado el punto de partida a este esfuerzo que deberá concretar en el plano de lo material la voluntad política de la presidenta Castro”, indicó Díaz Galeas. 

Agregó que con el inició de este proceso se busca dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado de Honduras en sentencias a favor del pueblo Garífuna, comunidad que ha sido muy vulnerada a pesar de que forman parte de la historia hondureña. 

A la fecha, según información de la PGR, Honduras cuenta con tres sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal Interamericano, producto de las vulneraciones a los derechos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, a las cuales el Estado debe dar total cumplimiento.

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