Según la Asociación de Funerarias Privadas, aproximadamente 20,000 personas murieron por la pandemia del COVID-19 en Honduras. El gobierno de Juan Orlando Hernández enfrentó la emergencia con una gestión que se caracterizó por grandes actos de corrupción, como la compra de hospitales móviles, entre otros.
Uno de los funcionarios del gobierno de Hernández, el exdirector de Copeco, Gabriel Rubí, ha sido requerido por el Ministerio Público, que lo acusa en dos casos: la compra fraudulenta de ventiladores mecánicos y la adquisición de percoladoras y otros electrodomésticos durante la pandemia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) presentó este lunes un nuevo requerimiento fiscal en contra del extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, por la compra fraudulenta de percoladoras y otros electrodomésticos durante la pandemia de COVID-19.
El proceso judicial acusa a Rubí y a otros exfuncionarios de Copeco, así como a representantes de empresas fachada, de haber adquirido productos no esenciales, entre ellos percoladoras, a precios sobrevalorados en un momento en que el país atravesaba una grave crisis sanitaria por la pandemia.
A la Penitenciaría de Támara envían al ex comisionado de COPECO; Gabriel Rubí, acusado por El @MP_Honduras de comprar ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19 que nunca funcionaron. Rubí es acusado de fraude y violación a de los deberes de los funcionarios. pic.twitter.com/ajYwpvI5uk
— Rony Martinez (@ronymartinezhn) October 10, 2024
Entre los involucrados también se encuentran el exjefe de compras de Copeco, Gilberto Estévez Martínez y el exdirector administrativo-financiero, Cristian Elías Santelí Chavarría, quienes enfrentan cargos por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Asimismo, por el mismo caso, se acusa de fraude a los ciudadanos Junior Alexander Benítez González, Pedro Antonio Núñez, Mireya Patricia Paz Barahona y Odalis Jazmín Martínez Maldonado, esta última también imputada por el delito de usurpación de funciones públicas.
Nuevo requerimiento fiscal por supuesto actos de corrupcion durante pandemia del COVID-19. pic.twitter.com/SvSz5NsMQj
— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 14, 2024
«Realizaron adquisiciones directas de productos sobrevalorados para lo cual se confabularon con supuestos representantes legales de empresas de fachada y con ello adquirir percoladoras, lavadoras, secadoras, televisores, camas y otros artículos”, señala la acusación del MP.
Según el ente acusador, el esquema de corrupción consistía en que algunos de los involucrados simulaban ser funcionarios de Copeco para aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos. Estas transacciones eran luego facturadas a nombre de empresas de fachada para ocultar las irregularidades.
El MP subraya que las compras iniciales de estos productos, valoradas en siete millones de lempiras, fueron infladas hasta alcanzar un costo superior a los 12 millones de lempiras, perjudicando gravemente al Estado en plena emergencia sanitaria.
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