ABOGADO EXPLICA POR QUÉ ACUSACIÓN CONTRA ASFURA NO TIENE MOTIVACIONES POLÍTICAS

El exalcalde capitalino y también precandidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura, fue requerido por el Ministerio Público quien lo acusa de tres delitos: fraude, falsificación de documentos y lavado de activos.- La oposición respondió que la imputación de los cargos contra él, son una persecución política, a pesar que las investigaciones en su contra datan desde el 2018. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Tres delitos le imputa el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) al exalcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, por lo cual, se emitió requerimiento fiscal. 

Según el comunicado, al también exdiputado (2010-2014), se le imputan los delitos de fraude, falsificación de documentos y lavado de activos. La reacción inmediata de los líderes del Partido Nacional fue catalogar la decisión como una persecución política, pero a criterio del abogado y docente universitario, Alex Navas, esto no es así. 

El catedrático posteó en su cuenta de X una explicación detallada del caso Asfura, cuya investigación data desde el 2018. El exedil, que ejerció la titularidad de la Alcaldía Municipalidad del Distrito Central (AMDC) desde 2014 y la mantuvo hasta 2022 (dos periodos), fue acusado de irregularidades en el Fondo Rotatorio asignado al alcalde y regidores, por ello, en 2020 la Uferco procedió contra él y una regidora de su administración, Nilvia Castillo.

El abogado explicó que durante ese proceso en 2020, se presentó un requerimiento fiscal, “el cual fue remitido a la Sala de lo Penal del Poder Judicial para conocimiento de Ante Juicio. Está sala declaró admisible la protección al entonces edil, refiriéndose a la forma y no al fondo de la acusación”.

En consecuencia, se envió el expediente de mérito –un conjunto de documentos y pruebas– al Tribunal Superior de Cuenta (TSC) que emitió, en 2023, un informe de evaluación de toda la documentación y por el cual, según explica el abogado, el MP emitió acusaciones contra funcionarios de esa instancia “por falsificar y eliminar información clave que sustentaba la acusación”. 

Navas prosiguió: “Muchos de los informes del TSC deben ser reconstruidos por el MP, ya que normalmente tienen falencias y esto favorece a los acusados por corrupción. Imagino que por esta razón, la Uferco presentó la investigación hasta octubre de 2024”, argumentando así, según el togado, la tardanza y la fecha en que se presenta la acusación. 

Entre las acusaciones, a Asfura se le supone la utilización de fondos de la AMDC –durante su gestión– para pagos de tarjetas de crédito de algunos familiares cercanos en presuntas transacciones que incluían la compra de joyas y gastos de campañas políticas. “La rendición de cuentas y la transparencia no fueron la constante en esa administración edilicia”, extiende el togado. 

“El fiscal, Luis Javier Santos, director de la Uferco, pasó por un riguroso proceso de selección y certificación por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y sus actuaciones están basadas en la investigación exhaustiva de los casos: Pandora, Red de Diputados y Narcopolítica y Arca Abierta”, escribió. También añadió que a Asfura se le debe respetar los derechos que confiere la ley. 

Reacciones 

El dirigente del Partido Nacional y líder del movimiento Monarca, Ramón Castillo, afirmó –durante una entrevista al medio de comunicación ICN– que Asfura en algún momento aceptó los cargos que se le imputan ligados a su administración como alcalde, en ese sentido, negó que la actuación del Ministerio Público (MP) está adherida a una persecución política. 

También el diputado independiente –excongresista del Partido Nacional–, Rolando Barahona, posteó que lo acontece alrededor de Nasri Asfura, es fruto de las cosas malas que hicieron en el pasado. “Ahora pagan por sus ilícitos”, agregó.

El jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, aseguró que “no es un caso legal, es meramente político, y porque digo que es meramente político, porque Libre lo que está implementando es el plan Venezuela”. 

Lo anterior fue respondido por el secretario de Planificación Estratégica (SPE), Ricardo Salgado, quien aseveró: “Están aprovechándose del caso de Nasry para ver si levantan algo. No los sigue nadie, en eso le fallaron a la embajada (de Estados Unidos). Y dicen que son los más fuertes de la oposición. Ese churro de Plan Venezuela se está autodestruyendo rápidamente”.