El diputado del Partido Libertad y Refundación, Jari Dixon, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de los congresistas que aprobaron las ZEDE. También exigió que las autoridades judiciales actúen de oficio, sin necesidad de una denuncia formal, y garanticen que los responsables enfrenten la justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), exigiendo acciones legales contra los congresistas que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Lo anterior, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucionales las ZEDE, al argumentar que su aprobación violó aspectos fundamentales de la Constitución de la República, entre ellos la soberanía nacional.
Las ZEDE fueron aprobadas mediante reformas constitucionales en enero de 2013, y la Ley Orgánica fue sancionada en junio del mismo año. A criterio de diferentes juristas, este acto conlleva una violación a la soberanía nacional y podría constituir un delito de traición a la patria.
“La responsabilidad de los diputados y diputadas está clara en la Constitución de la República. El Código Penal establece que cuando se atenta contra el territorio nacional, que es un asunto de artículo pétreo en la Constitución, se comete delito de traición a la patria. Ellos sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito”, señaló Dixon.
El diputado recordó que la traición a la patria está penada con 15 a 20 años de prisión, y que se suma una inhabilitación de 40 años para ocupar cargos públicos, lo que representa el doble de la condena.
Dixon enfatizó que los congresistas no pueden alegar que solo estaban cumpliendo con sus funciones legislativas, ya que la única forma de modificar artículos pétreos de la Constitución es mediante una Asamblea Nacional Constituyente o mecanismos de consulta popular, como plebiscitos o referendos.
Asimismo, argumentó que quienes aprobaron las ZEDE no pueden escudarse en la inmunidad parlamentaria, ya que no actuaron dentro del marco legal en el Congreso Nacional.
“Hoy dicen que es persecución política, que los quieren sacar de la contienda política. No, señores, ustedes sabían perfectamente que estaban vendiendo el territorio. La Constitución es clara cuando dice que los artículos pétreos en cuanto a territorio no se pueden modificar”, añadió Dixon.
El diputado recordó que en octubre de 2012 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el proyecto original de «ciudades modelo», tras un recurso presentado por él y un grupo de abogados. En respuesta, el Congreso Nacional, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y reintrodujo la iniciativa bajo otro nombre, lo que, según Dixon, constituye una reincidencia en el delito de traición a la patria.
En ese sentido, resaltó que tanto el ente acusador como el Fiscal General, Johel Zelaya, tienen la potestad y facultad para iniciar investigaciones de oficio y presentar los requerimientos fiscales correspondientes contra quienes aprobaron el decreto de las «Ciudades Modelos».
“Estamos pidiendo al Ministerio Público que solicite una copia certificada de la sesión en la que se aprobaron las ZEDE para asegurar que las personas investigadas y procesadas sean efectivamente las que votaron en esa sesión”, declaró Dixon.
El funcionario concluyó que sancionar a los responsables no solo es una cuestión de justicia, sino también una medida preventiva para proteger el territorio nacional y asegurar que ninguna decisión similar vuelva a violar la Constitución ni comprometa los intereses de la nación.
Deja un Comentario