El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidirá la legalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y de validar que estos proyectos violaron la Constitución de la República, los funcionarios que participaron en su aprobación deberán comparecer ante la justicia, explicó el abogado Héctor Pérez.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue convocado para este viernes con el objetivo de discutir los recursos de inconstitucionalidad relacionados con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), donde participarán nueve titulares y seis suplentes.
Anteriormente, los integrantes de la Sala Constitucional admitieron un recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); sin embargo, la votación no fue unánime (dos de cinco votos en contra), por lo que la petición pasó al pleno judicial y, en ese sentido, no podrán integrar la sesión.
El abogado constitucionalista, Héctor Pérez, en declaraciones a EL LIBERTADOR, enfatizó que la CSJ tiene la obligación no solo legal, sino también moral, de responder al pueblo hondureño, ya que es ampliamente conocido que las ZEDE son inconstitucionales.
Según Pérez, el Congreso Nacional (CN), al no ratificar la derogación de las ZEDE, dejó la responsabilidad en manos del máximo tribunal del país.
“Fue la misma clase política la que dio vida a este mecanismo de las ZEDE. Ahora se están acobardando y no quieren enfrentarlo, lo que ha impedido la derogación”, manifestó Pérez.
El togado agregó que, para que el pleno declare la inconstitucionalidad, es necesario que haya unanimidad entre los magistrados, ya que se trata de un tema de naturaleza constitucional.
Además, advirtió que, en caso de que se declare que se violó la máxima ley de Honduras, los responsables de haber aprobado y respaldado las “Ciudades Modelos” podrían enfrentar repercusiones legales y penales por haber “vendido la soberanía nacional”.
“El Ministerio Público emitirá requerimientos contra los diputados de la oposición que aprobaron las ZEDE, así como contra los magistrados que las apoyaron”, expresó Pérez.
Por último, el jurista se refirió a la demanda interpuesta por Erick Brimen, dueño de la ZEDE Próspera, quien ha presentado una querella contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), señalando que si bien Honduras ya no es miembro de esa unidad, el caso sigue activo, por lo que instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a defender la soberanía y evitar un fallo a favor de Brimen.
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