El alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez fue denunciado desde 2016 ante el Tribunal de Honor del Partido Libre por violar sus estatutos, en junio de 2024, la entidad moral pidió una vez más que fuera expulsado pero sin éxito, ya que según el exrepresentante de esa unidad, el prestigioso escritor, Julio Escoto, explicó que el edil siempre ideó formas para evitar las denuncias.
El alcalde posee una carrera política llena de polémicas, sobre todo, por su participación en la instalación de una hidroeléctrica en su municipio, la cual es rechazada por los pobladores debido a los daños ambientales y en el pasado por permitir la explotación minera sobre el Río Guapinol. También compareció en la Fiscalía por un video donde se le vincula, junto al exdiputado Carlos Zelaya, en una reunión con narcotraficantes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La presión crece a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre), para que expulse de sus filas al alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Ya el Tribunal de Honor de la institución emitió un comunicado en junio del presente año, para solicitar se le retire la membresía que lo acredita como miembro de la institución política.
El exrepresentante de la entidad moral de Libre, Julio Escoto, dijo a EL LIBERTADOR que desde 2016 se recibieron alrededor de tres denuncias para expulsar de sus filas al edil, sin embargo, este siempre buscó la forma de esquivar las acusaciones.
“Sobre todo porque el alcalde Fúnez estaba prestándose para instalar algo que no conviene a la comunidad. La primera solicitud no se expuso pruebas, solo el alegato y se dejó porque no se podía ahondar más. Luego tuvimos otra, nos llegó una denuncia con documentos, más confirmada. Nosotros nos reunimos para plantear la expulsión, pero él se enteró o esquivó porque convocó a un cabildo abierto para democratizar más la petición. Luego nos dimos cuenta que hubo manipulación”, señaló Escoto.
Fúnez llevó a cabo un cabildo abierto para socializar con la comunidad un proyecto hidroeléctrico con la empresa Inversiones Los Pinares-Ecotek, propiedad del empresario Lenir Pérez, polémico por su cercanía con el exgobernante Juan Orlando Hernández, de quien tuvo beneficios como la concesión del Aeropuerto de Palmerola.
La socialización del proyecto no salió bien y trató de imponer el proyecto, lo que ocasionó protestas de los pobladores. Al respecto, la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial decidió –por unanimidad– emitir un Recurso de Amparo para suspender temporalmente las decisiones acatadas en el cabildo abierto hasta resolver si se han violado los derechos constitucionales en su proceder.
CRECE POLÉMICA
Cabe resaltar que Pérez preside Grupo EMCO y el Aeropuerto de Palmerola, junto a su esposa Ana Facussé, están al mando de la empresa minera “Los Pinares”, la cual ha sido acusada de grave daño ambiental y persecución judicial contra ocho defensores del Río Guapinol. Acciones, que no tienen conformes a los ciudadanos.
Además, la familia Facussé cuenta con un historial gravísimo en el municipio, pues el extinto magnate, Miguel Facussé, valiéndose de alianzas políticas, fue protagonista en la crisis del Valle Aguán, donde centenares de campesinos, guardias de seguridad privada y fuerzas de seguridad pública, perdieron la vida entre 2009 y 2013.
Recientemente el luchador comunitario, defensor del territorio y que actualmente fungía como regidor municipal, Juan López, fue asesinado el pasado 14 de septiembre mientras salía de una celebración religiosa. López fue uno de los principales opositores del megaproyecto y de la gestión de Fúnez en la alcaldía, incluso, pidiendo su renuncia al no considerarlo apto para llevar los destinos del municipio.
López abogó por la sentencia del Tribunal de Honor, que citó: “El Tribunal verificó que, en vez de solidarizarse con las víctimas o la causa ambientalista, el aludido alcalde ha manifestado reiteradamente evidente desdén a las mayorías del pueblo Tocoeño, quienes se oponen a la instalación de empresas extractivistas como EMCO, en su momento ligada a la multinacional Nucor, abocada a la explotación de hierro en Honduras”.
Varios compañeros de lucha del ambientalista responsabilizan a Fúnez del crimen contra López, sin embargo, aún no hay un dictamen claro con relación al suceso.
Desde el oficialismo, la presidenta Xiomara Castro condenó el crimen y pidió que se investigue los autores del hecho, asimismo, la comunidad internacional calificó de lamentable la pérdida de López y el Ministerio Público citó a quien acusó que Fúnez fue el responsable del homicidio.
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