La Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad (IP), presentó este viernes un informe preliminar de las irregularidades en esa entidad que revela cómo a pesar de la derogación del fideicomiso, celebró convenios con una oenegé por más de 220 millones de lempiras y contrató a 514 consultores con salarios por encima de 70,000 lempiras mensuales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), ya recibió el primer informe preliminar que la Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad (IP), presentó a la presidenta Xiomara Castro, el cual revela que, a pesar de la derogación del fideicomiso, la entidad celebró convenios multimillonarios con una oenegé.
En ese sentido, el presidente de la Comisión Interventora, Esdras Gutiérrez, destacó que el informe se entregó a la Fiscalía para que proceda a fortalecer las líneas de investigación o que incluso habrá nuevas, ya que por sí solos no cuentan con los insumos para indagar en todos los convenios realizados después de la liquidación del fideicomiso.
Gutiérrez informó que el IP asignó 220 millones de lempiras a una oenegé para que realizara encuestas de riesgo social y pobreza; lo anterior, a pesar que el Estado ya cuenta con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que cada año realiza la Encuesta Permanente de Hogares, donde esos datos son medidos.
DE INTERES: FUNCIONARIOS DE JOH, SOCIEDAD CIVIL Y COHEP EN MIRA DE LA JUSTICIA POR DERROCHAR 95 MIL MILLONES
Además, recordó que el IP, “legalmente no podía seguir celebrando el contrato y ejecutando convenios ni de adendas bajo el esquema del fideicomiso, que fueron derogados por el decreto 66-2022 del 15 de junio del año 2022”.
El interventor mencionó que la unidad coordinadora del IP en propiedad, estando en pleno conocimiento que no podían seguir con contratos con el mecanismo anterior, hicieron uso de fondos que no fueron transferidos a la Caja Única del Estado.
Destacó que también la institución contrató a 514 consultores que erogaron salarios de más de 70,000 lempiras mensuales, cargando al Estado una planilla de 120 millones de lempiras.
Y reveló que muchos de los fondos que debieron pasar a la Caja Única del Estado, fueron asignados a proyectos como canchas de fútbol, carreteras, techos, pisos y otros, bajo la modalidad de “llave en mano”.
En mayo pasado, la presidenta Xiomara Castro ordenó que el IP, que estaba bajo la regencia del diputado Jorge Cálix –quien ahora es parte del Partido Liberal–, luego que trascendiera que la entidad erogara 18 mil millones de lempiras “sin registros fiables”.
Deja un Comentario