“Es una buena propuesta, lo han satanizado porque viene de Luis Redondo y la gente lo interpreta como que es algo calamitoso, político y perjudicial”, ha destacado el constitucionalista Juan Carlos Barrientos, tras que el presidente del Congreso mocionara para crear un Tribunal Constitucional, recomendado desde 2011 tras acontecimientos del golpe de Estado 2009.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, presentó una iniciativa de ley con el objetivo de reformar artículos de la Constitución de la República, para establecer un Tribunal de Justicia Constitucional, propuesta que busca dotar al país con un órgano independiente y autónomo encargado de velar por el imperio de la “carta magna” y demás leyes.
La propuesta contempla la integración de siete magistrados constitucionales, cada uno con su respectivo suplente, quienes serán electos por el Congreso Nacional para un período de siete años, siguiendo los mismos parámetros de selección que se aplica a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), garantizando así la transparencia y la imparcialidad en la selección.
“Es imperativo señalar que el Tribunal de Justicia Constitucional es un órgano del Estado independiente y autónomo, cuya principal función es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos, este tiene el poder de declarar inconstitucional una ley que ha sido aprobada en el seno del Poder Legislativo, es por ello que es necesario reformar la Constitución de la República de Honduras, creando así el Tribunal Constitucional” manifestó, Redondo.
Asimismo, explicó que el Tribunal Constitucional contará con jurisdicción nacional y será independiente de los poderes del Estado, en este sentido, subrayó que las sentencias emitidas por este tribunal no podrán ser revocadas por ningún recurso, lo que garantiza su autoridad y la supremacía de la ley máxima del país.
La propuesta de Redondo no caló bien a la oposición, ya que a través de sus voceros y “analistas”, han cuestionado el proyecto que, en 2011, fue una recomendación de la Comisión de la Verdad tras los acontecimientos del golpe de Estado en 2009.
Al respecto, el abogado constitucionalista valoró que: “Es una buena propuesta, lo han satanizado porque viene de Luis Redondo y la gente lo interpreta como que es algo calamitoso, político y perjudicial”.
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