La concentración de la riqueza y la corrupción en el campo económico se ha agudizado a partir del golpe de Estado. En el período 2009—2012, se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas, los impuestos a los ricos apenas representaron 3 lempiras de cada 10 que cobra el Estado y el 20% más rico recibió el 98.62% de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40% de las exenciones en Canasta Básica, expone en este análisis, que publica EL LIBERTADOR, el sociólogo e investigador social, Engels Bladimir López.
Además, 25 grupos económicos (a través de 142 empresas) acumularon dos terceras partes (66.7%) de las exoneraciones fiscales y, de acuerdo a los Pandora Papers 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales (Los 10 puntos de la Ley de Justicia Tributaria. SAR, 2023). Por eso, la Ley de Justicia Tributaria es importante ubicarla en el marco de un proceso más amplio, la Refundación del Modelo Económico y, esto implica, democratizar la economía alrededor de los planos económico, territorial, ideológico y técnico-científico.
Engels Bladimir López*
Columnista
EL LIBERTADOR
redaccion@ellibertador.hn
Este artículo busca poner en discusión, la forma en que la Ley de Justicia Tributaria es una iniciativa para avanzar en la Refundación del Modelo Económico en Honduras, a través de medidas incluyentes de redistribución de la riqueza y de controles democráticos y transparentes que potencien la centralidad del Estado en la economía y en la política fiscal.
I. La Concentración de la Riqueza y el Sistema de Corrupción Público-Privada en el Campo Económico
En Honduras, la concentración de la riqueza y la corrupción son la expresión de un modelo económico neoliberal que ha profundizado (desde la década de 1990), tres grandes crisis. Primero, crisis histórica, producto de la construcción de un Estado Oligárquico que ha girado alrededor de los intereses de las élites económicas y políticas. Segundo, crisis estructural, mediante la privatización de los servicios públicos (salud, educación, energía eléctrica, alimentación y empleo) y los bienes comunes de la naturaleza (tierra, bosque, agua, playas y mares), acrecentando la violación de derechos humanos y el despojo territorial. Tercero, crisis socioterritorial, que producto del despojo territorial, ha profundizado la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, crisis alimentaria, pobreza rural-urbana, desplazamiento forzado, entre otros.
La concentración de la riqueza y la corrupción en el campo económico se ha agudizado en el período del golpe de Estado de 2009. Por ejemplo, en el período de 2009 a 2012, se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas y se crearon y ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneraciones existentes. De igual forma, los impuestos a los ricos apenas representaron 3 lempiras de cada 10 que cobra el Estado en impuestos. El 20% más rico recibió el 98.62% de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40% de las exenciones en Canasta Básica. Además, 25 grupos económicos (a través de 142 empresas) acumularon dos terceras partes (66.7%) de las exoneraciones fiscales y, de acuerdo a los Pandora Papers 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales (Los 10 puntos de la Ley de Justicia Tributaria. SAR, 2023).
Además de promover la inequidad, el actual sistema tributario es insuficiente para otorgar los recursos necesarios para implementar la agenda social y económica del Gobierno. Entre junio de 2009 y diciembre 2022 se otorgaron 451,415.3 millones de lempiras en exoneraciones y exenciones, un 116% del total de la deuda pública al cierre del 2022. Honduras es el segundo país de América Latina que más impuestos ha perdonado en los últimos 12 años, con un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) o producción nacional total. Esto explica gran parte de la insuficiencia presupuestaria crónica del Gobierno; entre 2017 y 2021 apenas se recaudaron en impuestos 53 lempiras de cada 100 que fueron gastados. En esa dirección, se crearon 14 nuevos impuestos a los más pobres y se persiguió a las micro y pequeñas empresas del sector informal. Se permitió a las grandes empresas operar bajo la protección del secreto bancario y el manto de la impunidad de los paraísos fiscales, se ampliaron y crearon nuevos regímenes de exoneraciones fiscales, no existió ningún control, auditoría o verificación a los exonerados y se legalizó mediante decreto la evasión y la elusión fiscal a través de amnistías y regularizaciones (Ley de Justicia Tributaria, Gobierno de Honduras, 2023).
Este modelo fiscal y tributario de corte clasista, ha profundizado lo que Goran Therborn en su libro Los Campos de Exterminios de la Desigualdad (2016), ha denominado los tipos de desigualdades y su reproducción: desigualdad vital (falta de oportunidades), desigualdad existencial (designación desigual de atributos sociales y económicos) y la desigualdad de recursos (disminución de la riqueza individual). Lo anterior, a través de amplios mecanismos de reproducción (exclusión, distanciamiento y explotación) que profundizan las desigualdades políticas, desigualdades de género y étnicas, y desigualdades territoriales, entre otras; en el seno de la sociedad y que se presentan como bloqueos estructurales al momento de luchar por la igualdad y la justicia social, en contextos donde prevalecen formas económicas que despojan a la población de sus principales derechos humanos.
II. La Ley de Justicia Tributaria y la Refundación del Modelo Económico
Entiendo por Refundación, un proceso político de cambio y transformación que reconoce la existencia de un antiguo régimen colonial, republicano, liberal y neoliberal, como modelos que han determinado la construcción histórica del Estado y la constitución de la Sociedad y la Economía. La Refundación, busca transformar las estructuras de dominación política y económicas reproductoras de los intereses de la clase burguesa y crear nuevos mecanismos de apropiación de lo social, cultural, político y económico, alrededor de medidas gubernamentales que promuevan la protección de lo público, la redistribución de la riqueza, la conquista de lo común y la defensa de la soberanía nacional, alrededor de un amplio proceso de participación ciudadana a través del Poder Popular.
En el marco de la Refundación hay que ubicar el debate político de la Ley de Justicia Tributaria, ya que en el fondo se busca una mayor centralidad del Estado en la política económica y fiscal. Lo anterior en base a los beneficios de la Ley, los cuales sintetizamos en seis grandes elementos: i) Reforma Constitucional que estipule que la recaudación de impuestos debe ser progresiva; ii) Derogar beneficios a 10 regímenes de exoneraciones fiscales; iii) Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y atraer inversión extranjera; iv) Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad; v) Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal; y, vi) La generación de empleo (Los 10 puntos de la Ley de Justicia Tributaria. SAR,2023).
La Ley de Justicia Tributaria es importante ubicarla en el marco de un proceso más amplio, la Refundación del Modelo Económico. Lo anterior implica, “la democratización de la economía”, alrededor de los siguientes elementos: en el plano económico, construir una economía mixta de transición con tres sectores (economía pública, economía empresarial y una economía social solidaria articulada); en el plano territorial, avanzar en la construcción de modelos económicos en redes (en oposición a la T del Desarrollo) que promuevan el desarrollo territorial sustentable; en el plano ideológico, asegurar la reproducción de la vida y no exclusivamente del capital; en el plano político, potenciar la centralidad del Estado en la política económica (fiscal y tributaria); y, en el plano técnico-científico, la industrialización de los principales sectores estratégicos de la económica.
Como bien lo recuerda Thomas Piketty, en su libro Capital e Ideología (2019), la construcción de modelos económicos alternativos que prioricen la democratización de la economía se enmarca bajo los principios del Socialismo Democrático: justicia social, justicia ambiental, justicia climática, justicia de género, justicia racial y justicia fiscal. Asimismo, Thomas Piketty, en otra de sus obras Breve Historia de la Igualdad (2021), expone abiertamente la forma en la cual la política fiscal es clave para consolidar modelos económicos que promuevan la desconcentración del poder, de la propiedad y de la renta, en los esfuerzos por cerrar las brechas de exclusión y avanzar en una mayor igualdad entre la población.
En esa dirección, La Ley de Justicia Tributaria es un paso importante para avanzar en la construcción de un modelo económico alternativo que priorice la igualdad y resuelva en el campo económico la concentración de la riqueza, bajo nuevos esquemas institucionales que refuercen la centralidad del Estado en la economía en general y la política fiscal en particular. De ahí, que la Ley de Justicia Tributaria sea atacada abiertamente por la derecha política y el sector empresarial, actores que históricamente han utilizado el Estado para reproducir sus intereses políticos y económicos.
III. Los Ataques de la Derecha a Ley de Justicia Tributaria y el Papel de los Medios de Comunicación
En el contexto de la Refundación, el campo de la comunicación de medios empresariales se ha transformado de manera gradual. Las transformaciones son de tres naturalezas: narrativas, discursivas e informativas. Los medios han optado por una narrativa de carácter reaccionaria y conservadora, atacando las acciones del Gobierno y contraponiéndolas con las declaraciones de los sectores empresariales. En relación a lo discursivo, se ha instalado un discurso de Guerra Fría, con la intención de desinformar y polarizar a la población. Y, por último, en relación al carácter informativo, ante la falta de una comunicación estratégica desde el Gobierno, los medios de comunicación de masas, como ha sido expuesto a Elisabeth Neumann, en su libro La Espiral del Silencio. Opinión Pública: Nuestra Piel Social, utilizan el método de la “espiral del silencio”, el cual consiste en que las personas al manifestar sus opiniones tratan de identificar las ideas y luego se suman a la opinión mayoritaria y consensuada, mediante el cual los medios se valen para definir el clima de opinión sobre los asuntos públicos, fragmentando los públicos (audiencias) y generando una opinión publica manipulada y desinformativa.
En el marco de la actual coyuntura de socialización de la Ley de Justicia Tributaria, la derecha ha actuado en tres direcciones: política (manifestaciones de trabajadores de las empresas), ii) político institucional (ejercer control sobre fuerzas políticas en el Congreso Nacional para la no aprobación de la Ley) y, iii) mediática (campañas de desinformación en radio, televisión y redes sociales). En este análisis es de importancia la tercera dirección, en los esfuerzos por comprender el proceso de polarización social que se está gestando desde los medios de comunicación, con la intención de orillar al Gobierno a desistir en la aprobación de la Ley.
Primero, siguiendo el discurso de Guerra Fría, se cataloga al Gobierno (sin rigurosidad conceptual) como comunismo de izquierda y promotor de la destrucción de la empresa privada. Segundo, ha prevalecido una campaña de desinformación sobre los hipotéticos impactos negativos de la Ley en la economía (pérdida de empleo, inversión extranjera, impuestos a la Remesas, aumento de la canasta básica, aplicación de nuevos impuestos), los cuales se exponen sin ninguna evidencia empírica, a pesar de los múltiples análisis y planteamientos que se hacen desde el Gobierno y organizaciones sociales. Tercero, se ha reforzado un discurso de odio hacia los principales actores que respaldan la Ley, a los cuales se les ataca simbólicamente y se les discrimina en diversos programas de televisión, abriendo procesos de criminalización y estigmatización, que laceran la libertad de expresión.
Los ataques a la Ley, retomando los planteamientos desarrollados por Sara Siberman, en su libro Medios de Comunicación y Violencia (2000) narrativas, son puestos en el campo mediático a través del mecanismo de la “aguja hipodérmica”, comprendida como la forma en la cual los medios de comunicación son instrumentos de persuasión y propaganda capaces de moldear comportamientos, actitudes y valores mediante una relación directa con el público. En esa dirección, la Ley está encontrando entre sus máximos derroteros a los medios de comunicación empresariales, que siguen siendo los que moldean la información y la opinión pública en el país, en el marco de un campo de la comunicación mercantilizado y privatizado.
En conclusión, es importante seguir analizando la transformación del campo mediático en Honduras, en los esfuerzos por comprender lo que Byung-Chul Han ha llamado, en su libro, Infocracia: La Digitalización y la Crisis de la Democracia (2022), “Infocracia”, como el proceso en el cual los medios de comunicación empresariales producen una mediocracia (información confusa y reducida), que reprime de manera negativa practicas cognitivas como el saber, la experiencia y el conocimiento. Es decir, los medios de comunicación empresariales no solo desinforman, sino, que, tienen la capacidad de desarrollar narrativas alejadas de toda racionalidad comunicativa y narrativa, clave para la toma de decisiones democráticas en la esfera individual, pública y política.
*Sociólogo y trabajador social, con estudios en Desarrollo Territorial-Rural; 8 años de experiencia en investigación social en temas de realidad nacional. Actualmente, colabora con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Poder Judicial de Honduras, en análisis e investigación social, y asesora a organizaciones territoriales en la defensa de la tierra y el territorio.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de EL LIBERTADOR.
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