El 24 de febrero del 2024, el Estado de Honduras le informó al Banco Mundial (BM), su renuncia al Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI), apegado a lo que establece el Derecho Internacional a través del Convenio de Viena. La decisión, según comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), obedece a erradicar cualquier barrera que impida la lucha contra la corrupción público-privada, entre otros.
Desde el 2023, Honduras es el segundo país con más demandas a través del CIADI, siendo superado solo por México, que involucran sectores estratégicos como energía, construcción, finanzas y transporte, destacando la demanda de la ZEDE Prospera Inc., que busca perjudicar al tesoro nacional por alrededor de 11 mil millones de dólares.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Estado de Honduras, oficialmente, inició el proceso de retiro del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI), entidad derivada del Banco Mundial (BM). La decisión, según informó la Procuraduría General de la República (PGR), se debe a que el convenio se convirtió “en un sistema que socava las naciones, desplazando la función de los tribunales de las Repúblicas y limita las decisiones de gobiernos democráticos”.
El comunicado detalla que la decisión se hace en virtud de buscar formas de proteger las finanzas públicas y corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica la inversión nacional.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue establecido en 1966 mediante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, es decir, entre países soberanos y el sector privado.
Sin embargo, la PGR detalla que esta función no se ha ejercido y por otro lado, el CIADI se ha convertido en un instrumento de socavación de la soberanía de los Estados; anteriormente, Honduras había amenazado con salir del convenio debido a una demanda llevada a arbitraje internacional por parte de Prospera Inc., entidad ligada al régimen inconstitucional de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La demanda fue establecida por 11 mil millones de dólares y el CIADI designó a Claus Von Wobeser como co-árbitro del litigio, algo que la PGR denunció como ilegal debido a los nexos del togado con la representación legal de Prospera Inc., demandante del caso.
El tema con Prospera Inc. ha tomado relevancia debido a una serie de desacuerdos en cuanto a la ley de las ZEDE, ya que por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional del año 2013 que fue la génesis de estos regímenes, asimismo, se eliminó la ley orgánica que les daba operatividad.
Sin embargo, por mandato constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados y ratificada en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia. Pero esta ratificación no sucedió, por lo que en argumento de Prospera Inc. la operatividad de las ZEDE es legal, contrario a lo que afirma el oficialismo, que, al también haber eliminado la Ley Orgánica, su funcionalidad es inexistente.
Otra de las nueve demandas llevadas ante el CIADI contra el Estado de Honduras, es la de la empresa mexicana JLL Capital, realizada en febrero de 2023 por 380 millones de dólares, donde se alega que Honduras violó las protecciones a la inversión extranjera.
Las irregularidades dentro del CIADI han orillado al Gobierno que dirige Xiomara Castro, a tomar la decisión de abandonar el mecanismo. En el comunicado de la PGR, se detalla que ante la presión mediática de la prensa tradicional, “que se muestran a favor de ceder la soberanía nacional a empresas trasnacionales”, la PGR hará un comunicado especial dando más información sobre la salida de Honduras del CIADI.
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