Varios exfuncionarios, entre ellos el presidente del Partido Nacional, David Chávez, fueron acusados de adjudicarse contratos millonarios con el que se defraudó al Estado de Honduras a través del Instituto de Formación Profesional (INFOP), caso que fue cerrado de manera ilegal y por lo cual, la fiscalía ha emitido orden de captura contra el juez Edgardo Rivera.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), ha presentado un requerimiento judicial contra el juez Edgardo Enrique Rivera Argueta, por delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos.
El juez Rivera Argueta ordenó al MP, cerrar administrativamente el caso que involucra al exdiputado nacionalista y prófugo de la justicia, David Chávez; al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ovidio Rodríguez; entre otros, donde se defraudó al Estado a través del Instituto de Formación Profesional (INFOP), con contrato de hasta 75 millones de lempiras.
Sin embargo, Rivera Argueta no se encontraba en facultades para ordenar al MP que cerrara el caso. Según la investigación de la fiscalía, la Sala Constitucional concedió un recurso de amparo interpuesto por el imputado, José Ovidio Rodríguez, con el propósito de analizar, verificar y dictaminar uno de los documentos proporcionados por el INFOP, por considerar que no se estaba siguiendo el debido proceso, pero en ningún momento se otorgó facultades para ordenar el cierre del caso.
“Según el criterio fiscal, la actuación del Juez Ejecutor, Edgardo Enrique Rivera Argueta, al ordenar el cierre del expediente de forma imperativa, es un exceso que extralimita las facultades encomendadas a él, en las sentencias relacionadas y que están debidamente descritas en la relación de hechos del requerimiento fiscal recientemente presentado”, cita la fiscalía.
Por el mismo caso fue capturado el abogado Óscar Antonio Castro Nazar, representante legal de Grupo Visión. Según el requerimiento fiscal, Castro Nazar y los demás imputados, presuntamente provocaron un perjuicio al Estado hondureño por un monto aproximado a los 75 millones de lempiras, por la “compra de suministros que no prestaron ningún servicio a la población del Estado de Honduras”.
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