Según el Instituto Nacional de Migración, 522,000 migrantes han transitado por el territorio nacional de forma “irregular”, lo cual ha generado problemas en municipios fronterizos y, como solución a corto plazo, el oficialista Partido Libre propuso una amnistía migratoria –entre otras de interés social– ante el Congreso; sin embargo, ésta fue rechazada por liberales, nacionalistas y “Salvadores de Honduras”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El 2023 pasará a la historia como el año con mayor tránsito de migrantes indocumentados, ya que según el Instituto Nacional de Migración (INM), 522,333 viajeros entraron al país con el objetivo de llegar a Estados Unidos; la cifra significa 333 mil personas más que lo registrado en 2022.
El alto tráfico de migrantes ha tenido repercusiones negativas en las ciudades fronterizas con Nicaragua –sobre todo–, lugar por donde ingresan las personas que provienen de países sudamericanos o del Caribe.
Un trabajo reciente de EL LIBERTADOR, evidenció que los municipios de Danlí y Trojes, han entrado en precariedad humanitaria con riesgos altísimos en salubridad y seguridad, producto de la sobrepoblación.
Para mitigar el problema, el Congreso Nacional se reunió anoche –luego de más de 100 días sin sesiones– para discutir una amnistía que ayude a agilizar el tránsito de “indocumentados” y reducir los diferentes riesgos para la población nacional y extranjera; sin embargo, la oposición política concentrada en el Partido Nacional y los “Salvadores de Honduras” (PSH), votó en contra.
La representante en Honduras de las Naciones Unidas (ONU), Alice H. Shackelford, comentó a través de su cuenta de “X” (antes Twitter) que la amnistía era una medida muy “fundamental para garantizar y proteger los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en tránsito por Honduras”, por lo que instó al CN que acuerden aprobar la medida.
El diputado oficialista, Bartolo Fuentes, durante la sesión parlamentaria comentó: “Lo que se está demostrando en este momento es que no hay ni pizca de sensibilidad humana, sino sólo el interés mezquino, de cada uno de los que promueven este boicot al funcionamiento del Congreso Nacional”.
Pobladores de Danlí comentaron a EL LIBERTADOR que los migrantes y refugiados que se instalan en la zona. “Son personas amables, pero la migración está afectando la ciudad en cuestión de higiene, así como la ocupación de los lugares públicos. Todo eso está afectando el funcionamiento normal de la ciudad”, dijo el ciudadano dalinense, Javier Argueta.
La mayoría de migrantes indocumentados provienen de Venezuela, Cuba y Haití; las edades más comunes oscilan entre los 21 y 30 años y la mayoría son hombres, según registros del INM.
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