Desde finales de 2020, la Unión Europea a través de su programa de apoyo a los derechos y la democracia, “Pro Derechos”, ha desencadenado una serie de medidas para apoyar grupos marginados, defensores del territorio y comunidades vulnerables, afectados principalmente por la corrupción, la impunidad y la pobreza heredadas de administraciones anteriores.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En el marco del 75.° aniversario de la declaración universal de los Derechos Humanos, EL LIBERTADOR entrevistó al representante del Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y la Democracia en Honduras (ProDerechos) de la Unión Europea (UE), José Manuel Ramos, quien habló sobre los logros del programa y la vulneración de los derechos fundamentales en Honduras.
Desde la creación de este proyecto en 2020, Ramos comenta que se han logrado identificar diferentes factores que violentan los derechos fundamentales de los hondureños, resaltando el alto grado de impunidad, corrupción y la debilidad Estatal por cumplir los derechos más inherentes en los hondureños.
“Datos de Human Rights Watch sitúan el nivel de impunidad más allá del noventa por ciento en defensores de derechos humanos […] Asimismo, los altos índices de corrupción sitúan a Honduras a nivel latinoamericano y a nivel global en estadísticas altas”, agregó.
Honduras a lo largo de su historia sufrió vulneraciones en su Estado de Derecho, lo que ha permitido la violación sistemática de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, como la educación y la salud.
“Se necesita un Estado de Derecho que sirva como base para la institucionalidad democrática, con buenos jueces, buenas políticas públicas y un Ministerio Público que atienda los casos de violación de Derechos Humanos y ¿cómo se previene todo esto? Con educación, trabajo, salud, vivienda y combate a la pobreza”, sentenció Ramos.
Desde ProDerechos, Ramos comentó que se está trabajando con diferentes organizaciones de defensa de derechos humanos, grupos minoritarios, grupos estatales, empresa privada, con la finalidad de fortalecer los derechos humanos.
“El objetivo del programa es apoyar la articulación de un sistema nacional de derechos humanos para que las instituciones encargadas puedan promover y proteger los derechos humanos. Se brinda asistencia técnica a instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (CONAPREV) y el Ministerio Público”, detalló.
De igual manera, también se han apoyado la creación de políticas públicas y el fortalecimiento de instituciones como Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) enfatizando en la importancia de crear una base de datos que plasman un punto de partida para trabajar y establecer la realidad del país.
“Estos son solo algunos ejemplos de cómo estamos generando cambios en la política pública, legislativa y sociales del país, y cómo hemos tenido un papel fundamental en la campaña, por ejemplo, [ayudando a que grupos feministas tengan voz para que la PAE sea posible en su uso y en la lucha feminista en general del país”, extendió.
Ramos también enfatizó en la necesidad establecer líneas de diálogo entre comunidades para conocer las carencias de los diferentes grupos sociales, así como con empresas privadas, para marcar límites de respeto al desarrollo y los derechos humanos.
“Lo primero es sentarse a dialogar sin descalificaciones de ningún lado, porque creo que hay intereses comunes que son saludables […] Yo creo que las comunidades no están en contra del desarrollo, al contrario, y las empresas también son generadoras de desarrollo, pero tienen que orientarse en un marco específico que es el respetar estos derechos, tener acciones previas de debida diligencia y tener mecanismos de reparación”, agregó.
Ramos cerró explicando que en todo esto, es imprescindible el actuar del Estado, como acto principal. “El principal violador de los derechos humanos es el Estado y sus instituciones, ya que tienen la obligación de proteger y garantizar que no se violenten los derechos humanos”, y sentenció que por ello es necesario trabajar en las instituciones estatales.
“Creo que debemos renovar las esperanzas y seguir luchando por esto como un estandarte para la esperanza y un mejor futuro, no solo para Honduras, sino para toda la región y el mundo”, concluyó.
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