A pesar que recientemente el senador Tim Kaine, reconoció que fue un error de Estados Unidos apoyar la ilegal y violenta reelección de Juan Hernández –que provocó la muerte de al menos 60 manifestantes–, la embajada de ese país, ha hecho oficial que emitirá sanciones contra individuos por “socavar” la democracia en el nombramiento de nuevos Fiscales del Ministerio Público.
Recientemente, la embajadora Laura F. Dogu, fue convocada por tercera ocasión consecutiva al emitir opiniones acerca de asuntos internos del país que el Gobierno Castro considera injerencia, ya que según expertos en Derecho Constitucional, el nombramiento de fiscales es legal y hasta “golazo político”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Gobierno de Estados Unidos, anunció a través del Departamento de Estado que se está “tomando medidas” para sancionar con restricción de visado para “individuos” que han “socavado” la democracia en el reciente nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP).
Lo anterior fue confirmado por el portavoz Matthew Miller y compartido por la Embajada de EE.UU. en Honduras, donde se hace hincapié en el “uso de la violencia” para “socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un Fiscal General interino y un Fiscal General Adjunto interino”.
En el documento, EE.UU. expone que las restricciones serán aplicadas en temas de visas a “ciertas personas” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ya que “varias de estas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron conflictos entre al pueblo hondureño al llamar a los grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en heridos”.
“Estas acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001”, cita el texto.
El Gobierno de Honduras ha manifestado en reiteradas ocasiones que la posición de la embajadora Laura F. Dogu, ha vertido opiniones injerencistas, recientemente retomó esta práctica al señalar que el Fiscal General interino, Johel Zelaya, ejecutaba acciones que no le competen, esto porque desengavetó casos de corrupción de funcionarios de la dictadura de Juan Hernández.
Si bien la sociedad hondureña aplaudió la acción penal contra “figuras” como Rocío Tábora y Alba Flores –aún prófuga–, quienes estafaron a salud pública con la compra de inútiles hospitales móviles durante la pandemia, Dogu cayó en el juego de la oposición al calificar “persecución” política al castigo del delito y, por estas declaraciones, fue interpelada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
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Además fue convocada por el canciller hondureño, Enrique Reina, por tercera ocasión, la primera llamada fue en octubre de 2022 cuando criticó la política fiscal en el marco de construcción de justicia tributaria; la segunda el 8 de noviembre cuando Dogu dijo que la elección de los fiscales debía darse en consenso y no por nombramiento de la Comisión Permanente del Congreso; y, en el tercer llamado, el Gobierno hondureño incluso cuestionó el espíritu anticorrupción de Dogu.
Para el analista político, el sociólogo, Armando Orellana, EE.UU. tiene una visión clara de lo que está ocurriendo en el país con el MP y el llamado ante la justicia de políticos con causas pendientes por corrupción.
“La opinión y postura de Dogu es contradictoria, ella representa al presidente de los EE.UU. que es demócrata, tiene una actitud poco convencional e intromisión en temas internos. Ella es apegada a la línea conservadora y sectores de derecha parecen fantasma de autoritarismo”, advirtió.
Orellana amplió que personajes como la diplomática norteamericana son un peligro porque ante cambios integrales, “venden una imagen de supuestos riesgos a perder la democracia. Se sabe que la embajadora Dogu no solo en Honduras ha querido imponer injerencias”.
El sociólogo recordó además el apoyo estadounidense a la reelección ilegal de Juan Hernández en 2017, cuando la entonces Encargada de Negocios Heide Fulton, formó parte del conteo de votos “especial” para consumar el fraude monstruoso que negó la voluntad popular. En ese sentido, el analista dice que es contradictorio que EE.UU. critique el proceso de elección de las autoridades del MP.
Al respecto de los nombramientos de los fiscales, el experto en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos, ha sido categórico al decir que: “Es un ‘golazo y de tiro libre’ el que le metieron a la oposición, con el nombramiento de la Comisión Permanente… Esta es una jugada de alto nivel político”.
La determinación estadounidense para “castigar” hondureños con restricción migratoria, ocurre dos días después que un grupo de altos funcionarios de ese país, entre ellos el senador Tim Kaine, se reuniera con la presidenta Xiomara Castro.
Tras las reuniones, Kaine habló en nombre de su nación para condenar que “fue un error” de EE.UU. apoyar la ilegal y violenta reelección de Juan Hernández, donde en el marco de la constitucional insurrección civil, al menos 60 personas perdieron la vida y cientos de miles de manifestantes fueron atacados, enjuiciados y encarcelados bajo la figura de “terrorismo”.
Y, es de recordar que, poco después de reelegirse, Hernández fue mencionado en juicios contra ex capos de la droga, ahora en febrero será él quien afronte la justicia norteamericana que lo acusa por narcotráfico, y cuyo expediente evidencia que usó la violencia sistemática para gobernar y conspirar para el tráfico de estupefacientes, utilizando incluso al Ministerio Público como protector de la estructura criminal que instaló el “narco-Estado”.
Además, es de recordar que figuras estadounidenses –del Partido Demócrata que hoy gobierna– fueron clave en el montaje del golpe de Estado de 2009, el cual es categorizado como el génesis de la profunda crisis política, social y económica del país, factores que convirtieron a la sociedad hondureña en la más triste y empobrecida del mundo, solo por detrás de Estados que afrontaron conflictos bélicos entre 2009 y 2022.
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