La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha pedido al Estado peruano un informe detallado sobre el “indulto” que busca sacar de prisión al dictador Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad; empero, el sistema judicial de ese país desiste de poner en libertad a Pedro Castillo, presidente derrocado en golpe de Estado hace casi un año.
Agencias / EL LIBERTADOR
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú, emitió el martes una resolución que declara improcedente unas solicitudes de aclaración presentadas por el procurador del Poder Judicial y el abogado de Alberto Fujimori, expresidente peruano que cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
En su fallo, de casi 60 páginas, el TC también remitió el “habeas corpus” al juez de ejecución en la localidad de Ica para que proceda conforme a sus atribuciones. Un pronunciamiento considerado como ambiguo por varios especialistas y que dejó abierta la posibilidad de una excarcelación.
En marzo de 2022, el TC declaró fundada la demanda de “habeas corpus” interpuesta a favor del exmandatario, con el cual se pedía la nulidad de una medida judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017.
“Debería hacer eso y proceder con la excarcelación”, aseguró este miércoles el abogado Elio Riera, defensa legal de Fujimori, entrevistado por el diario local Expreso.
Riera indicó que esta decisión recaerá en manos de un juez por primera vez. “En la anterior oportunidad, el TC, cuando tenía que notificar al juzgado, se suspendió porque la Corte IDH [Interamericana de Derechos Humanos] mandó una comunicación. Nunca llegó a Ica”, dijo.
A finales de marzo del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado peruano a “abstenerse” de liberar al exmandatario.
La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, aclaró que este fallo “no implica que sale libre o que se restituya el indulto”.
“A pesar de que la defensa de Alberto Fujimori quiera señalar lo contrario, en estricto, aquí no hay un nuevo pronunciamiento del Tribunal”, declaró al programa “La Rotativa del Aire” que transmite la emisora RPP.
Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló que ahora quien decidirá si se autoriza o no su liberación sería el juez de ejecución de Ica, como parte del debido proceso.
En tanto, el presidente constitucional, Pedro Castillo, derrocado en diciembre de 2022, sigue preso por la negativa de la dictadura peruana para ponerlo en libertad, luego que el juez supremo, Juan Carlos Checkley, rechazó la tutela de derechos presentada por la defensa en junio pasado.
“A día de hoy soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación. Un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, lamentó el presidente Castillo.
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