“Como lo establece el artículo 4 del Decreto Legislativo N.º 67-22, esta función de Luis Javier Santos y la UFERCO ‘durará hasta que tome posesión un nuevo Fiscal General y un nuevo Fiscal Adjunto como titulares del Ministerio Público”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El experimentado abogado, especialista en Derecho Constitucional, Joaquín Mejía, ha explicado esta tarde que si en el Congreso Nacional, las fuerzas políticas en pugna no alcanzan consensos para el nombramiento de las nuevas autoridades en el Ministerio Público, fiscales General y Adjunto, la institución acusadora del Estado de Honduras quedará en manos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO), que coordina el conocido abogado, Luis Santos.
En estos términos se refirió el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, cuando indicó que esa medida la faculta el Decreto 67-2022 y, el jurista Mejía fue más amplió cuando ha ilustrado que “Si no hay elección de la persona Fiscal General y su Adjunta, lo que debe suceder es lo siguiente: Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián vacan en sus funciones, pues no pueden estar más de 5 años, ya que así lo ordena el artículo 233 de la Constitución de la República”.
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Sigue explicando, “Hay dos instancias dentro del Ministerio Público que asumirán las riendas del Ministerio Público; en primer lugar, el actual Director de Fiscales, pues a falta del Fiscal General y su Adjunto el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público lo habilita para ello”.
Y, “En segundo lugar, la UFERCO de Luis Javier Santos en casos de corrupción de alto impacto, pues según el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 67-22 ejercerá la acción penal pública de oficio ‘sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del Fiscal General ni de ninguna otra autoridad’”.
“Como lo establece el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 67-22, esta función de Luis Javier Santos y la UFERCO ‘durará hasta que tome posesión un nuevo Fiscal General y un nuevo Fiscal Adjunto como titulares del Ministerio Público”, así ilustra el abogado Mejía, la solución jurídica, apegada a la legislación vigente si los partidos políticos no se ponen de acuerdo para elección de las nuevas autoridades en el Ministerio Público.
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