“Crónica de una muerte anunciada”, así se presenta el panorama para el actual Fiscal General, Oscar Chinchilla, quien este día cerrará, finalmente, una década de inoperancia y agresiva impunidad; según observan analistas abordados por EL LIBERTADOR, la similitud entre las dos propuestas discutidas, pone “viento en popa” a la juramentación de un nuevo Ministerio Público.
No obstante, ambas fuentes coinciden que el proceso de elección del nuevo “defensor” de los hondureños, está marcada por la participación de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, representando un peligro para la sociedad hondureña.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Congreso Nacional (CN), está en la mira de la sociedad hondureña, pues este poder del Estado ha entrado en un nuevo “tira y encoge” a raíz de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), sumándose una fuerte presión popular pedida por la presidenta Xiomara Castro, para que diputados cumplan su deber.
La disyuntiva en el Poder Legislativo, comenzó incluso antes de la toma de mando el pasado 27 de enero de 2022, cuando los vestigios de la dictadura buscaron la imposición de una Junta Directiva paralela a los acuerdos firmados en octubre de 2021 para sellar la presidencia de Castro.
El enfrentamiento fue derivando a otros proyectos, incluida la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), y ahora, con la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del Estado, para el periodo 2023-2028.
Producto del chantaje de las bancadas unificadas en el controversial “Bloque de Oposición Ciudadana” (BOC), formado hace algunas semanas por Salvador Nasralla –actual designado presidencial– y el Partido Nacional, entre otras fuerzas minúsculas, los legisladores no han podido alcanzar los 86 votos (mayoría calificada), que exige la ley.
En ese sentido, el pasado martes oficialmente comenzó el debate, tras haber terminado entrevistas con los cinco candidatos de que remitió la Junta Proponente, fueron presentadas dos mociones, una de “Salvador de Honduras (PSH) con Marcio Cabañas como Fiscal General y Jenny Almendárez como Fiscal Adjunto; la otra, del oficialista Partido Libre, con Johel Zelaya como Fiscal General y Cabañas como Adjunto.
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Ante la disyuntiva, lo único que es claro para los hondureños es que, a partir de mañana, Oscar Chinchilla –amigo y aliado estratégico del dictador Juan Hernández– vacará en el cargo, cerrando así diez años de cruel impunidad, inoperancia e ilegalidad, pues en 2018, fue reelecto por congresistas “pandos” para un segundo periodo, sin haber sido parte del proceso de nominación, como estipula la ley.
Sin embargo, la Ley Orgánica del Congreso, establece que en caso de no darse la elección de segundo grado, tanto Chinchilla como su Fiscal Adjunto, Daniel Sibrian, seguirán en el cargo.
Ante este escenario, el constitucionalista y defensor de Derechos Humanos, Joaquín Mejía, ha sido contundente al mencionar que Chinchilla “no puede estar más al frente del Ministerio Público”, basado en lo que establece el artículo 233 de la Carta Magna del país.
El jurista observó que la primera jornada de elección tiene tintes positivos, primero porque a pesar del desacuerdo, entre las propuestas hay aspirantes en común, lo que indica que posiblemente exista un rápido consenso a diferencia de lo que ocurrió con la elección de la CSJ, que derivó en varias noches.
Por otro lado, dijo a este periódico que ante la presión popular del pasado martes, donde no hubo incidentes que expusieran la integridad de congresistas u otras acciones que vulneraran la “institucionalidad”, indica que hoy los legisladores no tienen excusa para juramentar la nueva Fiscalía.
Anoche, en redes sociales, el jurista pidió a la población que, “hagamos una lista de las personas diputadas que tienen prohibido por ley participar en las sesiones para elegir a la persona titular del Ministerio Público”
En tanto, el también constitucionalista, Rodil Rivera, destacó que la movilización a la que convocó la presidenta no puso en riesgo la independencia de poderes como han manifestado sectores enemigos de Castro.
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Rivera fue enfático que las declaraciones del prestigioso abogado, Edmundo Orellana –primer Fiscal General del Estado–, son acertadas, ya que la misma Ley del Congreso establece que diputados que cuentan con acusaciones del Ministerio Publico no pueden formar parte del proceso de elección.
El artículo 50 de la Ley cita que: “Ningún diputado puede participar en los debates del pleno o de las comisiones al cual pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Rodil manifestó preocupación debido a que, al existir múltiples legisladores con antecedentes judiciales, se pone en peligro la elección de un fiscal que este a la altura para mermar la impunidad y crecer la justicia.
“Hay diputados que se sabe tienen un interés directo en la elección del fiscal, porque al tener procesos que derivan de la fiscalía, pues es muy claro que tienen el interés de que el fiscal que va a ser electo, pues, no constituya para ellos una amenaza, por lo que estoy de acuerdo que se saquen de la elección”, explicó.
El togado ve con optimismo lo que ha observado en la primera noche elección y debate, por el sentido de “proximidad” entre las diferentes propuestas, debido que cada una de ellas tenia candidatos en común, por lo que “es cuestión de tiempo que se elija al nuevo Fiscal General y el Adjunto”.
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