Tras la reciente noticia del despido de la polémica jueza Karla Romero, que se volvió mediática y tomó relevancia por juramentar en la toma de posición a la actual presidenta Xiomara Castro; EL LIBERTADOR accedió a documentación del Poder Judicial (PJ) que fundamenta el despido de la entonces jueza resaltando motivos de indisciplina y grave incumplimiento en sus deberes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Por indisciplina e incumplimientos graves a su deber como funcionaria judicial, fue destituida la controversial jueza, Karta Romero, relevante por ser quien juramentó en la toma de posición a la actual mandataria hondureña, Xiomara Castro, desde entonces, se volvió adicta a los medios de comunicación, se volvió intrigante contra el Gobierno Castro, sobre todo, contra la junta directiva en el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, casi como una militante de partido político.
Según documentación oficial en poder de la Sala de Redacción de EL LIBERTADOR, la entonces jueza ya tenía una causa de despido según denuncia 0801-2018-00675 por permitir que “una persona extraña” al Poder Judicial redacte en su despacho las sentencias y el retardo de las mismas, lo que ocasionó que se emitiera una recomendación de despido sin responsabilidad institucional.
Según archivos, este hecho violentó la Ley de la Carrera Judicial en sus capítulos X y XI, sin embargo, la orden de despidió quedó extendida en el escritorio del anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta -afín a los intereses del expresidente Juan Hernández, preso y enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico-, pero por alguna razón de Argueta no firmó ni se ejecutó la orden.
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Como contraparte, la ahora exjueza Romero denunció en el foro de televisión “Frente a Frente”, dirigido por el periodista Renato Álvarez, que su despido fue un movimiento político por unas acusaciones emitidas de su persona hacia el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sin embargo, como se explicó, la togada ya tenía antecedentes de despido previo.
NEGLIGENCIA
La conducta de la exjueza -según se relata en el documento- han sido de manera reiterativa convirtiéndola en una funcionaria judicial negligente.
Según el informe, el 13 de marzo del presente año, Romero se condujo en estado de ebriedad -incumpliendo las normas de tránsito y los reglamentos internos del Poder Judicial como funcionaria-, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.
Además, se denunció irregularidades por el mismo caso donde la exjueza se conducía en estado de ebriedad y habría ocasionado daños a un tercero, situación que se llevó a instancias judiciales con un desenlace conciliatorio donde, según el informe, Romero se habría acobijado en su puesto para obtener ventaja ante la víctima.
Otras de las denuncias van ligadas a negligencias dentro de sus labores como jueza, donde permisos, salidas y otros no se justificaron debidamente. Entre tantas causas, se le demostró que mantuvo un juicio engavetado durante más de ocho años y cuando fue requerida por sus superiores, no logró justificar el porqué de aplicar la justicia de manera tardía.
El informe concluye que, en virtud que las conductas indisciplinarías y antiéticas son reiterativas con unas denuncias que datan de 2017, lo que pone en deficiencia y en riesgo la credibilidad del Poder Judicial ante la sociedad hondureña, se procede al despido de la jueza.
Cabe señalar que, según el informe, hay alrededor de siete denuncias que no se detallan que tienen que ver con violaciones de la ex funcionaria judicial a normas éticas y disciplinarias que pudieron tomarse como causales para un despido.
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