“De nada sirve declarar terroristas a criminales que andan libres y los que guardan prisión, si la legislación penal no incluye el trabajo diario como acción básica de rehabilitación, las cárceles están llenas de gente que nunca aprendió a ganarse la vida con bien; el trabajo es derecho humano universal y es justo que los presos produzcan sus alimentos y compensen parte del daño social mediante construcción de carreteras y otras obras públicas; la sociedad no debe seguir manteniendo con su esfuerzo y dinero a quienes fomentan la desgracia nacional y violan los derechos de otras personas”, recomiendan expertos al Gobierno Castro.
Y es que hoy el viejo sistema penitenciario hondureño expone el fracaso histórico de los encargados de impartir justicia, las cárceles no rehabilitan, prima el crimen con su estructura de demolición social, campea la improvisación tras décadas de ignorar el consejo estratégico y, la escalada de violencia y matanza, ha frenado la intervención a pocas semanas de arrancar, nuevamente ante la emergencia se coloca a militares como rectores de las prisiones.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El sistema penitenciario hondureño colapsó y está lejos de ser rescatado; no basta con la construcción de más recintos de alta seguridad y reformas de la legislación penal, hasta que la autoridad no se centre en la verdadera reinserción social de la población penitenciaria que se ha convertido en una carga millonaria para el pueblo y ya es hora que el trabajo sea la principal herramienta de regeneración social, mental y moral para el privado de libertad. Para ahondar la crisis, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) se volvió obsoleto y pasó a ser controlado por militares, –siempre por seguridad nacional— aunque con la instalación del Gobierno de Xiomara Castro se retomó el sentido civil que fracasó, y suma también una fallida Comisión Interventora para volver al principio.
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UNIVERSIDAD CRIMINAL
En ese sentido, EL LIBERTADOR ha hablado con expertos en administración en centros penales, abogados y otros profesionales que han estudiado experiencias carcelarias de otros países, todos están de acuerdo que la comunidad que está en cárceles porque han quebranto los derechos de otras personas y han atentado contra la sociedad y el Estado de Honduras, tenga opciones para un empleo a lo interno de los recintos ante un esquema pernicioso que terminó siendo llamando “escuelas y universidades del crimen” a las cárceles del país del crimen”; el trabajo, explican, “es un derecho humano universal” que en el caso de los convictos es esencial para rehabilitarlos, porque precisamente la falta de una ocupación condujo al crimen a los reos que, esto incluso, sería un acto de justicia para la sociedad que desde siempre trabaja para mantener con alimentos y todo a personas que el Estado tiene la obligación de exigirles una compensación social poniéndolos a desarrollar obras públicas y a producir sus alimentos en la tierra.
PÉRDIDA DE LIBERTAD
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, ha dado una explicación a este periódico (febrero, 2020) donde hace mención que el tema penitenciario ha sido de constante observancia, haciendo hincapié que el Gobierno debe caer en cuenta que al ser declarado culpable de un delito, se pierde únicamente el derecho a la libertad, pero el resto de los derechos debe ser tarea estatal preservarlos, como el del trabajo.- “Aquí ocurre todo lo contrario, un prisionero no tiene derecho a nada, no recibe procesos de rehabilitación para la reinserción, al contrario, lo que recibe son ordenanzas para que salga a delinquir”. Con lo acontecido desde hace varios años: la tragedia de Comayagua, constantes matanzas y reyertas en prisiones –recientemente 46 mujeres asesinadas en penal de Támara–, Oliva es contundente al mencionar que: “En Honduras no hay centros de máxima seguridad, lo que hay son centros de tortura”.
CRIMEN PROTEGIDO
Cuestiona que “lo que tenemos es un sistema de justicia que lo que hace no es ver los cargos que se le imputan a los ciudadanos, sino que usa un linchamiento contra los no están de acuerdo con su política de Estado”. Así interpreta Oliva al conocer casos de privados de libertad acusados como criminales ambientales por recoger leña seca, por ejemplo.- La activista social también critica la figura de cárcel preventiva ya que en primer lugar la justicia no actúa de igual forma con los acusados de saquear el erario público.- Por ende concluye que en los penales hondureños: “No se trata de rehabilitación, al contrario se trata de demolición que hay para los privados de libertad”.- Por otro lado, este periódico se ha entrevistado con el criminólogo Gonzalo Sánchez, quien evalúa que la estrategia gubernamental “es muy buena”.
ALTAS ESFERAS
Sánchez refiere que en el pasado ya se ha entregado recomendaciones para frenar la crisis carcelaria, pero el punto clave es siempre “combatir la corrupción, es lo que hay a lo interno de los centros penitenciarios, no se puede tapar el sol con un dedo, porque ¿Cómo ingresan esas armas, tiene que haber complicidad del INP, no hay otras explicación”.- El experto menciona que, aunque no guste, Honduras debe aplicar fuerza como lo ha hecho El Salvador, pues del modo en que lo hizo Julissa Villanueva al montar su intervención, “por las buenas”, solo hizo manifiesto el desacato de maras que tienen alianzas con políticos de “altas esferas”.
CRIMINALES SIN RETORNO
Además, plantea que el Poder Judicial tiene una tarea pendiente con la mora judicial, que debe aportar en la clasificación de población penitenciaria.- Sánchez es del criterio que el Gobierno y la sociedad, “deben tener claro que cuando se habla de reinserción está no rescatará más que cuatro o cinco personas, porque con las pandillas, ellos están muy claros de la organización a la que pertenecen”.
El proyecto de intervención que ha sido cesado, incluía diez puntos ante la sociedad (ver infografía), y entre lo más destacado figura el ordenamiento del recurso humano para organizar y “limpiar” recintos sobrepoblados.
Pero para llegar a esa instancia, la entonces interventora, Julissa Villanueva, siempre tuvo claro que se requiere una buena base de datos que incida en la redistribución y clasificación de la comunidad penitenciaria, considerando que más de la mitad son personas que no han sido condenadas y otros han sido víctimas de la “extraña justicia”.
Lea aquí reportaje completo, EL LIBERTADOR mensual, Abril 2023
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