El Ministerio Publico (MP) es muy endeble y necesita reestructurarse, hasta “abandonar” el componente político que hoy, permite captar poder político a sectores que han gozado más de una década en impunidad por atentar contra la república; al criterio de analistas abordados por EL LIBERTADOR, se debe aplicar reforma integral, pues ante una compleja política pública ya existe un plan para prolongar la inútil estructura que dirige Oscar Chinchilla.
El “limbo” que ha creado el sabotaje y conspiración al Gobierno Castro, es la brecha para que partidos tradicionales: Nacional, Liberal y “salvadores”, obliguen a negociaciones intensas preparando en Ministerio Público, un contexto similar al de la Corte Suprema.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El proyecto de refundación de la presidenta, Xiomara Castro, ha progresado con paso lento debido a la incesante conspiración de grupos beneficiados con la dictadura de Juan Hernández, el complot es cada vez más intenso porque el crimen organizado que secuestró la nación, se está quedando sin trincheras.
Y es que las autoridades del Ministerio Público (MP), vacarán de sus cargos el próximo 31 de agosto, si bien ya está en marcha la preselección de aspirantes a Fiscal General y Fiscal Adjunto, el asedio al Poder Ejecutivo siembra ideas de retardar el resurgir del ente investigador, como ya sucedió recién con la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese contexto, el prestigioso abogado y analista, Rodil Rivera, manifestó a EL LIBERTADOR que la coyuntura del MP es especial, pues significó un avance enorme para el país cuando se fundó hace 30 años, pero que ha arrastrado un “pecado original”: el ingrediente político.
El jurista precisa que por ello es urgente hacer cambios en lo interno de la institución, ya que se ha prestado a intereses políticos y de grupos criminales con resultado fatal para la sociedad en términos de justicia, tal es el caso del actual Fiscal General, Oscar Chinchilla, cuya amistad y cercanía al dictador Hernández –preso en Estados Unidos por un juicio de narcotráfico– lo convirtió en un esbirro más, faltando al juramento de defender el bien público.
Rivera plantea que es necesario “hacer un análisis exhaustivo de cada aspecto de la Ley del MP para ver si es posible mejorar la composición, estructura, funciones, etcétera (…) para tratar de evitar que éste siga siendo utilizado por los poderes fácticos, por gobiernos corruptos y delincuentes organizados para continuar con esas prácticas (corrupción e impunidad)”.
“Quiero reiterar que sin la voluntad política, es muy difícil que realmente podamos avanzar en la lucha contra la corrupción, tal como la gente desea”, concluyó Rivera.
En tanto, para el analista, José Zuniga, el MP ha representado un tema clave en los actos de corrupción llevados por Hernández y es preciso al recordar que Chinchilla fue el “engranaje de los actos delictivos” de esa administración.
Bajo ese contexto, Zuniga ve como uno de los escenarios para la elección del Fiscal General, que el Partido Nacional busque extender a Chinchilla en su puesto ante la falta de concesos entre los legisladores, pues para avanzar en la elección, se requiere la mayoría calificada en el Congreso Nacional, es decir, 86 votos.
Con el antecedente presentado en el marco de elección de la CSJ –que no prosperó–, el analista agregó que lo actual, no es una situación que sea culpa explícita de la institución como tal, sino del tipo de profesionales que llegan sin interés de ser el “primer defensor del pueblo”, como manda su Ley Orgánica, siendo el problema principal del ente.
Además, esta mezcla de profesionales sin ética con los intereses políticos de grupos de poder, es lo que ha degradado a la Fiscalía y permitido el arribo de personal de mando con nexos a corruptos, una relación fatal para la sociedad.
Tanto Rivera como Zúniga, están de acuerdo en una intervención en el Ministerio Público para depurar a fiscales corruptos, pero observan que también debe reconfigurarse la institución: sus normas internas en puntos que hoy la mantienen endeble y susceptible a la influencia política.
Por ello ven con buenos ojos la “intervención” extranjera, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que para ser exitosa –explican– requiere de la voluntad política; ambos togados, sugieren que debe colaborar en un análisis de todo el sistema de MP para sugerir cambios y preparar al personal para una nueva mecánica de trabajo.
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