La Plataforma Agraria y el Movimiento Amplio, han alertado que los crímenes recientes en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, ya habían sido advertidos al Gobierno de Honduras; ayer miércoles, otros dos líderes campesinos del Bajo Aguán fueron ejecutados, se trata de Andy Martínez (der.) y Omar Cruz Tomé (izq.).
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Organismos de Derechos Humanos han reporta ayer que otros dos activistas sociales han sido asesinados en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, se trata de Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez.
Cabe señalar Tomé, era presidente de la cooperativa de campesinos “Los Laureles” y además líder del Movimiento Campesino del Aguán, que durante varios años ha elevado la voz contra la crisis por tenencia de tierra en el Valle del Aguán, en ese sector del país.
Según reportes, el atentado se registró en la colonia Adán Fúnez, bautizada así en honor al controversial y veterano alcalde del municipio, señalado en juicios a narcotraficantes en New York como “protegido” del grupo “Los Cachiros”.
El ataque fue ejecutado con armas de fuego, ambos dirigentes sociales fueron heridos de gravedad y trasladados al hospital del municipio, no obstante, el cuerpo médico no logró una intervención para salvar sus vidas y perecieron a pocos minutos.
En ese contexto, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), emitió un comunicado donde recalca que el asesinato de ambos activistas se enmarca en una “campaña de hostigamiento” contra defensores de la vida y los bienes nacionales.
“Exhortamos a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial, para que realicen la investigación inmediata de estos crímenes, garantizando el análisis científico, imparcial, la identificación de autores materiales e intelectuales, su enjuiciamiento y el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas”, cita el documento.
En tanto, en un pronunciamiento público, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, reclama que desde el 22 de febrero del año 2022 los campesinos aglutinados en la Plataforma Agraria firmaron un acuerdo con el Gobierno de Honduras para buscar una solución pacífica a la violencia y el despojo que han planteado las empresas agroindustriales en el Aguán.
“Pero los empresarios no han querido avanzar en el cumplimiento de lo pactado y los asesinatos de campesinos continúan mientras la Secretaría de Seguridad sigue estando del lado de las empresas”, amplía el texto.
El Movimiento Amplio acusa que la Plataforma Agraria presentó a funcionarios del Gobierno información “fidedigna” donde el jefe de seguridad de Corporación Dinant habría pagado por ejecutar a dirigentes de cooperativas.
Ante las acusaciones de los movimientos campesinos, por el aumento de violencia en el Valle del Aguán, Dinant emitió un comunicado de prensa el pasado 11 de enero, donde argumenta que los señalamientos son falsos.
“Plataforma Agraria Honduras es una organización que Dinant respeta, pero la acusación que haces sus voceros en el sentido de que nuestra empresa está vinculada a organizaciones criminales es falsa, infundada e irresponsable”, cita el texto.
El sábado 7 de enero se reportó el doble crimen contra Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras en la comunidad de Guapinol, en Tocoa, área que ha estado amenazada desde hace varios años por la explotación minera de “Los Pinares” propiedad del matrimonio Lenir Pérez y Ana Facussé, ésta siendo hija del extinto magnate Miguel Facussé, fundador de Dinant y conocido por instalar la actual crisis en el Bajo Aguán.
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