El grupo Hidalgo e Hidalgo de Ecuador, que rige sobre la Concesionaria Vial (COVI), ha dado marcha atrás al aumento en casetas de peaje sobre la carretera CA-5 que conecta Tegucigalpa con el norte de Honduras, lo anterior luego del ultimátum de la presidenta Xiomara Castro, quien dio plazo de 24 horas para retirarlo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ha convocado a la empresa de capital ecuatoriano Concesionaria Vial de Honduras (Covi) para tratar el tema de peajes, luego que ayer informara de un aumento en “impuesto de tránsito” sobre la carretera CA-5 que conecta a Tegucigalpa con el norte del país.
Esta mañana, Covi ha informado que el aumento a los peajes ha sido revertido, en respuesta a la directriz de la presidenta Xiomara Castro que, al conocer la noticia, dio 24 horas para revertir la decisión.
“No he autorizado ningún incremento a la tarifa de peajes, ya que el contrato tiene incumplimientos de parte de la empresa transnacional. El estado va cumplir con las deudas legales heredadas y NO autoriza el incremento impuesto. Tienen 24 horas para retirarlo”, dijo la presidenta en su cuenta de Twitter.
La SIT ha referido que ante los subsidios del Gobierno en energía y combustibles, más la lucha para mantener el tipo de cambio del lempira frente al dólar y otras medidas a favor de la economía nacional, Covi, debía revertir el incremento, sobre todo, porque “no responde a los intereses del pueblo hondureño”.
“Convocamos a Covi Honduras a iniciar un diálogo que nos conduzca al cumplimiento de la concesión en beneficio de la población”, dicta un comunicado de la SIT.
Cabe señalar que la CA-5 se reestructuró con fondos de la Cuenta del Milenio –a los que Honduras no accede desde hace 13 años por la exagerada corrupción estatal–, sin embargo, la dictadura de Juan Hernández, concesionó por 20 años el uso de la carretera para que se instalara peajes.
Actualmente, la concesión aun es vigente por 15 años, por lo que compromete a cuatro presidentes y, para cerrarla, la empresa que pertenece al grupo ecuatoriano Hidalgo e Hidalgo, pide recibir 5,000 millones de lempiras como indemnización.
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