La aplicación de la ley, para beneficio de los hondureños y su patrimonio, sigue ausente. En las próximas semanas arrancará la elección de nueva Corte Suprema que hereda una crisis judicial sin precedentes, donde destaca la violencia institucional contra activistas sociales que, en los primeros diez días de 2023, ha significado el asesinato de dos ambientalistas en Guapinol, un desalojo violento en el valle del Bajo Aguán e inicio de juicio contra defensores de Reitoca.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La ausencia de justicia sigue pasando facturas al pueblo hondureño, sobre todo con sectores sociales que defienden el patrimonio nacional, sus ríos y montañas. Y es que en los primeros diez días de 2023, ya se registró tres atentados contra defensores: doble homicidio en Guapinol, desalojo violento en el Bajo Aguán y una audiencia contra activistas de Reitoca.
El pasado sábado, la comunidad de Guapinol en Tocoa, departamento de Colón, se reportó el asesinato de los defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras: Aly Domínguez y Jairo Bonilla, el primero identificado como hermano de Reynaldo Domínguez, uno de los 32 activistas criminalizados en la dictadura por la empresa minera “Los Pinares”, propiedad de Grupo EMCO que preside Lenir Pérez, CEO de Palmerola International Airport.
Según el portal web, Guapinol Resiste, los defensores del territorio en la región se enfrentan a constantes amenazas y hostigamiento, y, a pesar de las múltiples alertas y denuncias sobre los riesgos, “las autoridades estatales se niegan a garantizar la integridad física de las comunidades en riesgo por defender su agua y su territorio del proyecto minero ilegal. Tampoco ponen fin a la contaminación ambiental provocada por la explotación minera en una zona nacional protegida”.
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La representante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Adilia Castro, ha lamentado que desde el principio el conflicto en la zona fue generado por el Estado, administrado por la dictadura de Juan Hernández –enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico– pues desde que se montó el campamento de Defensa al Río Guapinol en 2018, la empresa ejecutó una estrategia multidisciplinaria para ejercer control del tema.
Castro recalca que Lenir Pérez y Ana Facussé –hija del extinto magnate Miguel Facussé– siempre se presentaron como afectados bajo el “falso discurso de desarrollo” en explotación de los recursos naturales que afectó a las comunidades.
Ante el asesinato de los defensores, la activista social señala que hoy la exigencia es porque se haga justicia, criticando que a todos sectores ha resultado inaudito que, sin una investigación detallada, la Policía Nacional informara de forma acelerada que el crimen se ejecutó con intenciones de robo.
“Desde este punto nos da a nosotros la idea de complicidad que se deja ver entre las instituciones”, critica Castro, planteando además que al momento de filtrar esa hipótesis a medios de comunicación, los forenses siquiera habían levantado los cuerpos de las víctimas.
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Según Guapinol Resiste, las víctimas eran perseguidas por la empresa Los Pinares que, de acuerdo a Brigadas de Paz Internacional, comenzó a operar en la zona núcleo del Parque Carlos Escaleras desde 2014, en el primer año de mandato del extraditado Juan Hernández.
A tres días del crimen en Guapinol, el Poder Judicial apoyó a la corporación Dinant –que también pertenece al clan Facussé– para ordenar el desalojo de unas 190 familias de la Cooperativa El Chile en el valle del Bajo Aguán, también en Tocoa.
El desalojo fue ejecutado con violencia de parte de las fuerzas de seguridad pública, resultando en decenas de heridos. De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, los agentes llegaron a la comunidad a pedir el desalojo de campesinos y cuando estos informaron que no saldrían, los agentes comenzaron a disparar gas lacrimógeno y balas de goma.
“Momentos antes de esta agresión guardias de la corporación Dinant se presentaron con una retroexcavadora y abrieron una zanja en la entrada para evitar el paso de las familias de la cooperativa a su propia tierra que trabajan y defienden”, apunta una alerta emitida por la organización.
En tanto, el pasado lunes prosiguió el hostigamiento contra los defensores de la tierra, en audiencia contra los defensores Lencas de Reitoca, Wilmer Alonzo y José Rodas, llamados por el Tribunal de Sentencia de Letras de Francisco Morazán para una audiencia en un proceso de criminalización promovido por la hidroeléctrica Progelsa.
En los últimos años, Reitoca ha sido otro de los epicentros en la lucha contra las grandes empresas extractivistas, perjudiciales para el ecosistema y que han construido un imperio nada rentable para la economía del país, según investigación de EL LIBERTADOR, los más de 1,100 proyectos mineros y de energía aprobados por dictadura, no han aportado siquiera un dos por ciento a la producción nacional total o Producto Interno Bruto (PIB).
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