Según reporte de la agencia internacional, Rusia Today (RT), al menos 20 ciudadanos han muerto en las protestas a favor del derrocado presidente Pedro Castillo, escenario que ha motivado a la titular de Educación, Patricia Correa, a dimitir pues considera que no hay justificación para que golpistas usen la fuerza desproporcionada contra defensores de la democracia.
Agencias / EL LIBERTADOR
La ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, presentó su renuncia a la cartera este viernes por la violencia estatal en contra de manifestantes que piden la liberación y restitución en el poder de Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso y sustituido en el cargo por Dina Boluarte.
«La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte», expresó Correa en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que incluyó la misiva enviada a Boluarte, en la cual le informa de su «renuncia irrevocable» al cargo de ministra de Educación.
Boluarte declaró un toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos del país, en medio de masivas protestas a favor de Castillo que se han visto enmarcadas por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades en contra de los manifestantes.
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Al menos 20 personas han muerto en la última semana y se reportan decenas de heridos, de acuerdo con el monitoreo de medios locales.
En este contexto, Correa habló de la «crisis política de grandes dimensiones» que atraviesa la nación, misma que demanda «convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas».
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recordado al Estado peruano que tiene el deber de cumplir con los «estándares internacionales sobre el uso de la fuerza basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con miras a reducir la letalidad policial».
El llamado de la CIDH se enmarca en las denuncias ciudadanas sobre el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y el uso de perdigones de metal en contra de manifestantes.
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