La presidenta de los hondureños, Xiomara Castro, finalmente firmará mañana jueves el memorándum de instalación de la Comisión Anticorrupción de la ONU (CICIH), desbaratando todo el ataque mediático de sectores que, hasta hoy, sabotean la estrategia del nuevo Gobierno para depurar el crimen de “cuello blanco”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Analistas de la vida política del país han explicado a EL LIBERTADOR que la campaña contra la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), ha sido una manifestación del sistema de corrupción que se impuso en el país en la dictadura del Partido Nacional.
Y es que desde que el Gobierno de Xiomara Castro promovió la instalación de esta entidad internacional para sumar esfuerzos anticorrupción, sectores conservadores y contrarios al progreso, tildaron que ésta venía “sin armas” o moldeada para no auditar a la nueva administración.
Por ejemplo, una de las irracionales críticas es la que surgió de la Bancada del Partido Nacional en el Congreso, cuando señaló la falta de voluntad del Gobierno Castro, pese a que este sector finiquitó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), afirmando que el sistema judicial del país ya era apto para castigar delitos de “cuello blanco”.
Pocas semanas de la no renovación de la MACCIH –que fue instalada con apoyo de OEA–, el Poder Judicial que sigue bajo influencia de la dictadura, comenzó a decretar sobreseimientos definitivos a varios “políticos pandos” que conspiraron en contra de las 12 investigaciones que ejecutó el ente internacional.
En ese sentido, estos sectores conservadores “vendieron” que la CICIH era una medida populista o un engaño, sin embargo, según el reporte de la diputada Xiomara Zelaya –hija de la presidenta Castro– mañana Honduras firma el acuerdo de instalación de la nueva comisión.
Al respecto, la defensora de Derechos Humanos, Hedme Castro, dijo a este periódico que considera vergonzoso depender de instituciones internacionales sean las que pongan la pauta de justicia en el país, porque nuestro sistema ha fallado.
La activista social reflexionó que aunque no está conforme con eso, “es necesario y urgente, porque los hondureños tenemos mucha esperanza que las personas que han cometido actos contra el pueblo, abusando de su poder, deben recibir la aplicación de la ley”.
En tanto, el abogado penalista, Raúl Suazo analizó que la MACCIH siempre tuvo un componente de politización y por ello será clave la aprobación de un esquema de leyes de colaboración que amplíen el espectro de la CICIH.
Al criterio del abogado, lo que marcó esa campaña de desinformación y ataque a la estrategia del nuevo Gobierno, ha sido una manifestación del sistema de corrupción, pues considera que este fenómeno es el génesis de todos los males de la nación que influyó directamente para tener un índice de 74% de pobreza.
“El problema más endémico que tiene el país es la corrupción, mucho más que el narcotráfico y que el crimen organizado, ésta es lo que ha afectado tanto la educación como la salud, por lo tanto, para mi si es necesario que venga (la CICIH) y que tengamos ese tipo de ayuda siempre”, dijo el abogado Suazo.
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