El “Primer Auditor Social de Honduras”, Periódico EL LIBERTADOR, ha sido invitado a participar en un foro especializado para medios alternativos y comunitarios, donde destacó los hallazgos clave en una de sus recientes y actualizadas investigaciones acerca de concesiones de recursos naturales.
El jefe de Redacción, Fabricio Rivera, planteó los retos de ejercer en Honduras el periodismo de investigación con un sistema público fallido, donde el secreto es ley y, esta institucionalidad, además de cómplice con el saqueo y destrucción de la riqueza natural y vida silvestre, se volvió mortal para comunicadores de medios alternativos, más de 100 fueron asesinados desde el golpe de Estado de 2009 y durante la dictadura Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Periódico EL LIBERTADOR ha sido invitado a exponer sobre los retos y riesgos del Periodismo de Investigación, en el foro: “¿Por qué las élites corruptas y violadores de Derechos Humanos no quieren al Periodismo de Investigación?”, donde presentó una de sus investigaciones de la crisis ambiental; entre el amplio auditorio que asistió hubo periodistas, estudiantes de comunicación y directivos de medios independientes y comunitarios de varias regiones del país.
Precisamente, desde 2021 esta investigación ha estado –por técnica y política de redacción de este periódico— en constante actualización mediante periodismo de datos y como fuente de otros artículos que hemos investigado, un ejemplo es la reciente publicación del reportaje exclusivo donde se plantea que el Gobierno protege como secreto la información de empresas que llevan décadas explorando petróleo y gas en la Moskitia y las concesiones ya otorgadas a transnacionales a espaldas del pueblo hondureño.
Al final del evento, los asistentes aplaudieron al unísono la función social de EL LIBERTADOR que durante dos décadas contra todo obstáculo impuesto por sectores del poder, incluyendo al Gobierno, jamás ha renunciado al periodismo, que sin rodeos es simplemente estar del lado de la sociedad y sus intereses.
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El foro fue presentado por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y el proyecto HondurACTion, financiado por la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre periodistas y medios de comunicación independientes y comunitarios.
El evento fue desarrollado para que participen periodistas y medios que forman parte de la red de apoyo de la ASOPODEHU, estudiantes de Periodismo y comunicadores sociales de los departamentos de de Comayagua, Siguatepeque, Márcala, La Paz, Intibucá, Francisco Morazán, Choluteca y Valle.
En este importante evento, el jefe de Redacción de EL LIBERTADOR, Fabricio Rivera, compartió con el auditorio el desarrollo de la investigación que se enfocó en el falso desarrollo económico que portavoces de los sectores público y privado suelen decir que deriva de concesiones mineras y energéticas, cuando los resultados concretos arrojan conflictos sociales, violencia, amenaza a defensores de la vida y recursos naturales y asesinato de periodistas independientes y comunitarios.
Rivera compartió que el periódico no podría hablar de una investigación ambiental sin antes cuestionar la imposición de un modelo social, económico y político ya desfasado que, lejos de traer prosperidad a la Nación, y concluyó: “la entrega de los bienes nacionales a compañías extranjeras y locales nunca produjo derrame de riqueza en la mayoría de hondureños, como prometieron los neoliberales, pero si ha provocado un derramamiento de sangre nunca visto en la historia”.
Desglosó que un punto clave en la elaboración de investigaciones periodísticas es la imposibilidad de acceder a datos públicos pese a que existe un esquema legal y herramientas del Instituto de Acceso a la Información Pública: “en la praxis este mecanismo es ineficiente, no porque falle el IAIP, sino porque el funcionario hondureño cree que el bien público le pertenece al extranjero y él es dueño de la institución y sólo obedece a los dueños del partido que lo nombraron en el cargo”.
El periodista mencionó que, por ejemplo, al abocarse al Instituto Nacional de Geografía y Minas (Ingeomin), se comprobó que éste no tenía registros de muchas concesiones y, pese a la campaña de “Gobierno Digital” que promovió el régimen de Juan Hernández, la entidad no contaba con esa herramienta para sacar los reportes.
“Nuestros compañeros asignados a esta fuente tuvieron que adaptarse al horario de trabajo de Ingeomin, algo que pudo evitarse completamente en caso de tener digitalizada toda la información; al contrario, entraron a un almacén para revisar pilas de documentos con límite de tiempo”, cuestionó.
Pero esto –profundizó– no debemos verlo únicamente como una falta de recursos de Ingeomin para digitalizar los contratos con empresas mineras, se trata de una manifestación de este sistema de extracción de la riqueza mineral desfasado, que no contribuye en el bienestar social, por eso el esquema de información cierra las puertas a periodistas y a la sociedad para que no acceda a los detalles de contratos, sin duda, es un límite a la auditoria social y deslealtad del Gobierno contra el soberano, que es la población de Honduras, máxima autoridad del Estado, según la Constitución de la República.
En la conferencia, Rivera compartió que lo anterior se identifica también como un riesgo para el ejercicio periodístico, en un país donde más de un centenar de comunicadores han sido asesinados, la amplia mayoría ejerciendo en medios alternativos o comunitarios.
Otro de los aspectos en los que fue enfático el periodista, es que durante la investigación se botó el argumento de desarrollo que prometen los proyectos extractivistas, pues pese a las más de 1,100 concesiones otorgadas hasta 2020, no han aportado siquiera el 2 por ciento de ganancias a la economía nacional, debido a una amplia lista de exoneraciones ocultas y explícitas.
Mencionó también que además de insostenible, es alarmante que en estos proyectos de falso desarrollo, primen el abuso y la corrupción, “estas empresas llegan a comunidades a reunirse con los pueblos, pasan listados de asistencia y luego los presentan como firmas de consulta previa e informada que demanda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 169”.
Rivera criticó que ha resultado espantoso que producto de esos abusos de empresarios y políticos, unos 170 ambientalistas han sido asesinados en la última década.
El periodista cerró su participación agregando que es destacable que el nuevo Gobierno no haya emitido más concesiones en este 2022, pero que hace falta mucho más para reparar el daño a toda la sociedad, al patrimonio indígena y familias enlutadas.
Y, ante las fallas de la institucionalidad en el marco de elección de nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo ideal era “instalar un Tribunal de Justicia Popular para que, efectivamente, sea el pueblo salvando al pueblo”.
En el foro también participó el gerente de Mercadeo y Ventas, Jhonny Sevilla, quien explicó que al ser un medio cuyo cimiento es la auditoria social y la investigación de sectores “intocables” para la prensa tradicional, “estamos expuestos no solo a la amenaza de asesinato, sino también de bloqueos financieros o intimidación a sectores que podrían pautar publicidad con EL LIBERTADOR”.
Sevilla destacó que, ante este escenario complejo, es clave que más organizaciones sigan promoviendo y financiando la investigación periodística en un ámbito de medios independientes y comunitarios.
De esta manera, EL LIBERTADOR, ha ratificado que a 20 años de fundación, seguirá intachable en ejercer un periodismo responsable a beneficio de sectores históricamente marginados, cumpliendo con su línea editorial de ser auditores sociales ante los hondureños.- Y la asistencia felicitó a EL LIBERTADOR con un sostenido aplauso que por un instante se oyó en la sala. ¡Gracias totales!
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