La Secretaría de la Presidencia de Xiomara Castro, ha revelado ayer viernes que el proyecto de “Becas 20/20”, otorgado especialmente para activistas del Partido Nacional, fue liquidado en diciembre de 2021 sin rendir cuentas y sin extender información a la nueva administración y fondos a 189 hondureños que han quedado a la deriva en el extranjero.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, informó la tarde de ayer que la administración de Xiomara Castro se ha presentado ante el Ministerio Público para que actué de oficio contra el diputado del Partido Nacional, Erasmo Portillo y otros funcionarios de la dictadura, luego de haber liquidado sin rendir cuentas el proyecto de “Becas 20/20”.
Pastor recordó que este proyecto fue creado el 11 de septiembre de 2017 con el Decreto Ejecutivo Número PCM-013-2017, designando al diputado Portillo como titular; pero el proyecto fue cerrado el 21 de diciembre de 2021 a pocas semanas de inicio de la administración de Castro.
Según el funcionario, los nacionalistas liquidaron el programa “sin haber realizado las transferencias necesarias para los 189 beneficiarios que están en el extranjero. Mucho menos rindieron cuentas y no entregaron informes a la administración entrante”.
Pastor confesó que han estado “tratando de comprender” qué se hizo en realidad a través de ese programa que, si bien sirvió a cientos de estudiantes para profesionalizarse en el extranjero, fue portal para que hijos de funcionarios de la dictadura tuvieran educación de “primer mundo”.
Y como “secreto a voces” siempre se manejó que los becarios en territorio nacional, debían seguir una pauta de “trabajo social” que la mayor parte del tiempo eran actividades donde se “rendía tributo” a Juan Hernández para elevar su perfil.
Portillo incluso fue denunciado durante la campaña electoral por varios de sus correligionarios nacionalistas, pues además de estar inhabilitado por la ley para aspirar a diputación –al tener un parentesco con el entonces designado presidencial, Ricardo Álvarez–, utilizó al “ejército” de becarios para hacer propaganda, perturbando a la sociedad hondureña porque la Ley Electoral prohíbe el uso de los recursos del Estado para proselitismo de funcionarios, algo observado incluso por auditores internacionales.
Según Pastor, el Gobierno Castro ya contactó al Ministerio Público para que actué de oficio e investigue “a los responsables de dicho programa” pues han dejado a 189 beneficiarios “estudiando en el extranjero sin recibir ese beneficio y ahora nosotros lo que hemos recibido es un fidecomiso que está siendo liquidado para que esos recursos pasen a una caja única del Estado”.
A través de esta caja única –explicó– la Secretaría de Finanzas se encargará de administrar el dinero de apoyo a estos becarios que son “víctimas de la narco dictadura” para que puedan seguir su profesionalización y, además, la presidenta Castro ha pedido la creación de un nuevo proyecto de becas para otorgarlas con base a méritos y necesidad.
Las nuevas becas serán canalizadas a través de la Red Solidaria para llegar a sectores que históricamente han sido excluidos por la falta de compromiso de los anteriores funcionarios, sentenció Pastor.
En un comunicado de prensa, esta unidad del Gobierno destacó que la oficina de Portillo finiquitó el proyecto y lo traslado “en calidad de donación a ‘Educredito’, institución que durante 12 años fue desfalcada y se encuentra en una situación financiera crítica”.
El diputado Portillo reaccionó virulento ante la acusación, a través de un video en redes sociales dijo que demandaría al Gobierno porque “miente”, afirmando que lleva meses pidiendo que se pague a los becarios y que “entregó” toda la información en discos duros.
Portillo presentó como único medio de prueba una conversación de WhastApp, afirmando que desde marzo está insistiendo en que se acredite dinero y que la nueva encargada, Lucy Aguilar, ya estaba enterada porque “se le entregó toda la información”.
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