Después de varios meses de silencio con relación a la aún secreta riqueza del extraditado, Juan Hernández, considerado “capo a gran escala” por Estados Unidos, la Administradora de Bienes Incautados, procederá con la primera subasta del patrimonio para retribuir a los hondureños: 15 caballos, otras cositas y nada más.
La fortuna acumulada por JOH paga con solvencia honorarios millonarios en dólares a influyentes firmas de juristas de EE.UU.
Así lo ha informado el director de OABI, Jorge Gonzáles, quien aqueja que el mantenimiento de los animalitos resulta caro y complejo, siendo mejor opción administrar el dinero de esa venta.
El resto de la riqueza, hasta donde halló el CNA y puede ser mucho más, comprende 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en sociedades mercantiles, percibidas desde 2010 cuando JOH inició como presidente del Congreso, todo eso está intacto, nadie se lo quita en Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras varios meses sin noticias sobre la riqueza, todavía secreto de Estado en Honduras, que acumuló el exgobernante Juan Hernández (2014-2022) en 20 años de carrera “titular” en la política –y el crimen, según informe del Departamento de Justicia– finalmente la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), iniciará una subasta para retribuir “del lobo un pelo” al pueblo hondureño.
Hernández fue arrestado el 15 de febrero, justo 19 días después de haber dejado la titularidad del Ejecutivo que ocupó mediante delitos de traición a la Patria consignados así en la Carta Magna, de forma ilegal e ilegítima; además, favorecido por fraudes electorales y violaciones a la Constitución que prohíbe la reelección presidencial y, sobre todo, contó con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump.
El 27 de enero, la congresista californiana de origen guatemalteco, Norma Torres, instó al Departamento de Justicia a actuar contra Hernández; en ese contexto, la vicepresidenta de EE. UU, Kamala Harris, asistió en Honduras a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. En esa ocasión, miles de voces en el Estadio “Chelato Uclés” pidieron a la funcionaria de Washington: “Llévate a JOH”.
Tras su arresto en febrero, el exgobernante pasó 66 días con prisión cautelar en la sede del Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, mejor conocido como “Fuerte Cobras” (fuerza élite que JOH desapareció porque se negó a seguir reprimiendo hondureños en protesta); desde allí fue trasladado el 16 de febrero y el 16 de marzo a sus audiencias de extradición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta que se concretó su “viaje irregular” a EE.UU. el 21 de abril.
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Veinte días antes, el Ministerio Público (MP), a través de un operativo ejecutó la incautación de bienes inmuebles dispersos entre los departamentos de Lempira –de donde es oriundo–, Olancho y Francisco Morazán, entre éstos hay ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y varias cuentas bancarias.
Al respecto, el director de OABI, Jorge Gonzáles, informó en las últimas horas que en los próximos días se realizará una subasta de los primeros bienes, pero ésta solo abarcará 15 caballos cuyo mantenimiento significa un alto costo para el Estado.
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Gonzáles explicó que los 15 sementales “tienen un alto costo de mantenimiento y eso conlleva una delicadeza en el tratamiento, ante eso se prefiere mejor venderlos y administrar el producto financiero”. Y nada más.
Desde hace varios meses la sociedad hondureña ha cuestionado la pasividad con la que el Ministerio Público, bajo el mando del nacionalista Óscar Chinchilla, maneja el caso, pues su inoperancia ha dejado que la familia de Hernández, bajo el mando de su esposa Ana García Carías, siga viviendo de la riqueza adquirida tras 30 años de “servicio” público.
Y es que a finales de marzo, según expuso el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la exprimera dama trasladó bienes inmuebles valorados en 60 millones de lempiras, en nombre de su esposo e inversiones del Río S. de R.L. a un banco nacional.
Hoy la sociedad hondureña ve con indignación que, mientras el pueblo sufre las consecuencias económicas de una dictadura sin precedentes en la historia, los Hernández García viven cómodamente e incluso les ha alcanzado para promover su “reality drama”, “#Volverá”, en favor del extraditado. Y Juan, gasta una fortuna en dólares como pago de honorarios a su defensa, una influyente firma neoyoquina de juristas, exmiembros del Poder Judicial estadounidense.
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Ana y sus hijas, Daniela e Isabel, casi diariamente comparten videos “súper producidos” en redes sociales, grabados en sus giras por el país o desde su casa en la exclusiva “Palmeras de San Ignacio” de Tegucigalpa, mansión que han recuperado tras una supuesta amenaza de bandas delictivas, y eso contrasta con lo vivido por otras familias de personas ligadas al crimen organizado a gran escala.
El ejemplo inmediato, es el de los Rosenthal, que tras ser acusados por EE.UU. como cómplices de “Los Cachiros”, la autoridad hondureña congeló e incautó todo el patrimonio a través de la Ley de Privación de Dominio sin haber llegado a una etapa de sentencia, incluso, dejó anécdotas como la del expresidenciable, Yani Rosenthal, quien relató cómo abandonó el territorio hondureño a caballo para salvar su vida.
Un informe del CNA, detalla que desde 2003 los Hernández han ido acumulando una fortuna comprendida en 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en sociedad mercantiles; la mayoría de este patrimonio conseguido de 2010 a la fecha, cuando el exgobernante comenzó su presidencia en el Congreso Nacional. Y la fortuna real de los Hernández puede ser mucho mayor, pero en el país se sigue manejando como Secreto de Estado ante la inacción del Ministerio Público.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de New York y el juez Kevin Castel, JOH y su hermano “Tony” Hernández –ya condenado a cárcel de por vida–, comenzaron su estructura criminal “de gran escala” a inicios de los 2000; el juicio del exjefe de Estado está previsto para enero de 2023.
Aun en la llanura por la crisis económica mundial y los vestigios de la dictadura, el pueblo hondureño se pregunta ¿cuándo será retribuido todo ese patrimonio a los casi 8,000,000 de personas en condiciones de miseria?
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