La Comisión de Extradición del Congreso Nacional ha instado a este poder del Estado a realizar un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta y el Fiscal General, Óscar Chinchilla, por acciones ligadas a la estructura criminal enjuiciada en Estados Unidos, país que ya envió otra solicitud para procesar a otro connacional por nexos con el narcotráfico.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer se informó que el juicio por narcotráfico contra el exgobernante Juan Hernández se prevé para enero de 2023, en el mismo día Juan Carlos «El Tigre” Bonilla fue extraditado a Estados Unidos y en la noche el Congreso Nacional recibió informe de su Comisión de Extradición para realizar juicio político a funcionarios judiciales.
En el documento presentado por esta comisión legislativa, se insta a celebrar un proceso especial contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta y contra el Fiscal General, Óscar Chinchilla, “por incompetencia” al no ejecutar su trabajo.
La comisión, formada por los diputados Ramón Barrios, Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Nétzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza Ramírez, apuntó que la CSJ ha tramitado 77 pedidos de extradición y hay 97 solicitudes pendientes, de las cuales 33 tienen sentencia firme pero aún hay 32 arrestos pendientes.
Además, seis de esas personas tienen “extradición diferida”, dos están en trámite y 19 fueron retiradas, otras cinco han sido denegadas; no obstante, la comisión aseveró que la documentación de estos casos fueron sacados y destruidos por anteriores secretarías de Estado que son parte de este proceso.
La sugerencia de juicio político contra Argueta y Chinchilla, se basa también en los señalamientos que han sido revelados en juicios y en la reciente extradición de Juan Hernández, quien de acuerdo a la investigación de la DEA, ofreció protección a traficantes.
La congresista Ayala declaró que ese proceso especial debe aplicarse: “Por la gravedad de las acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición a los que se presentaron voluntariamente en los tribunales de justicia extranjero por los delitos de tráfico de estupefacientes”.
Por otro lado, el pleno de la CSJ se ha reunido de emergencia ante la convocatoria girada para designar un juez natural para una nueva extradición que la Cancillería hizo de conocimiento esta mañana, remitida por el Distrito Sur de Florida por conspiración para la distribución de droga.
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