El gobernador hondureño, Adán Fúnez, nuevamente ha entrado en controversia al pedir que se levante el veto de portación de armas en el departamento de Colón, aprobado en 2012 como acción para prevenir los asesinatos relacionados con el conflicto en el Bajo Aguán por la tenencia de tierras que enfrentó a campesinos con paramilitares, empresarios de palma y operadores de justicia.
La solicitud de Fúnez se enmarca en el repunte de violencia que experimentan varios municipios de Colón, noroeste hondureño, sobre todo en Tocoa, región que ha sido colocada entre las principales del país donde se cultiva amapola, si eso es ya mucho, esa zona ha estado bajo asedio de la minera “Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, hija de uno de los terratenientes de palma africana más sanguinarios de Honduras, Miguel Facussé, acusado así por defensores de derechos humanos en el Ministerio Público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El crimen organizado repunta en el departamento de Colón que lleva décadas en ingobernabilidad debido a los incontables conflictos ambientales y agrarios, sea por tenencia de tierra campesina en manos de feroces terratenientes apoyados por militares y emparentados con el poder político y económico o por proyectos extractivistas que se ensañan contra defensores del ambiente.- Para el controversial gobernador, Adán Fúnez, la solución es que se levante el desarme ordenado por el Congreso Nacional en 2012. O sea, violencia contra violencia.
En las últimas semanas ha trascendido la existencia de organizaciones delictivas que han disparado los homicidios, y en respuesta ante la inoperancia institucional, un supuesto “escuadrón de la muerte” del municipio de Tocoa, ubicado a unos 400 kilómetros hacia el noroeste de Tegucigalpa, ha advertido a ciudadanos que, de transitar a altas horas de la noche, serán detenidos.
En 2021, Tocoa figuró como el noveno municipio con más incidencia mortal documentando 77 asesinatos, mientras que en el ámbito departamental se registró 222 asesinatos; sólo en los primeros 59 días de 2022 (hasta el 28 de febrero) ya se contabiliza 47 ejecuciones.
Ante este escenario, Adán Fúnez, quien hasta hace poco fungió como alcalde de Tocoa y fue designado como gobernador de Colón por el Gobierno de Xiomara Castro, dijo que es de carácter urgente permitir que particulares puedan portar armas, ignorando el conflicto histórico del departamento.
Fúnez, que siempre fue criticado por permitir el daño al Río Guapinol ante el embate de la minera “Los Pinares” propiedad del matrimonio Lenir Pérez y Ana Facussé –hija del extinto Miguel Facussé– y por la represión judicial contra los nueve defensores del ambiente, dijo insólitamente que el resto de departamentos son “privilegiados” porque no tienen prohibición.
“Todos en la cama o todos en el piso, no puede ser que 17 departamentos estén privilegiados con portación de armas. No soy una persona amante de las armas, pero no es posible que los delincuentes estén armados y la gente humilde y honrada no pueda andar un arma”, dijo.
Datos del Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), revelan que en Honduras el 80% de los homicidios son ejecutados con armas de fuego y, en total desconocimiento del contexto social de país, Fúnez ha dicho que: “Es mejor legalizar a las personas que necesitan andar armas para protegerse”.
La prohibición de armas en Colón se aprobó en 2012 con el Gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), luego que estallara el conflicto armado entre paramilitares, guardias de seguridad, operadores de justicia y campesinos en el sector del Bajo Aguán, crisis en la que se denunció fue promovida por el “magnate” Miguel Facussé.
Hasta 2013, según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, el conflicto resultó en el asesinato de 130 personas, 89 de las víctimas eran campesinos.
Cabe destacar que el Observatorio señaló que aunque el conflicto de recuperación de tierras se ubica en la zona del Bajo Aguán en el departamento de Colón, se documentó muertes violentas relacionadas en Atlántida, Francisco Morazán y Yoro.
Pero la figura de Fúnez es controversial para la nación hondureña, pues como alcalde de Tocoa dejó mucho que desear en su papel de ocho años como autoridad edilicia en pro de los derechos de los ciudadanos y hasta ha sido vinculado a la narcoactividad según testimonios revelados en juicios de New York.
Y la polémica sobre la familia del gobernador no termina, recién en marzo pasado su hijo Rommel Fúnez Puerto fue sentenciado a siete años de prisión por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba por el delito de extorsión; el vástago del exedil estaba preso desde mayo 2020.
Para nadie es secreto que Fúnez es un estrecho camarada del Coordinador del Partido LIBRE, Manuel Zelaya, quien hoy funge como asesor de la presidenta Castro, otros dirigentes del partido han criticado que por eso no trascendió su expulsión bastando con declarar a Tocoa “libre de minería”, sin acciones contundentes.
En 2010, EL LIBERTADOR conoció de primera mano el genocidio en el Bajo Aguán que para finales de ese año se convirtió en un campo de concentración por órdenes del extinto árabe Miguel Facussé Barjum, quien usó su influencia para expropiar tierras que en 1993 el Instituto Nacional Agrario (INA), entregó a campesinos.
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