Cuesta creerlo, pero los vestigios de la sumisión colonial están presentes aún hasta hoy en quienes controlan este país, el mejor hondureño suele estar en desventaja ante cualquier extranjero en todas las relaciones de la sociedad; no importa si son vagos, aventureros, piratas o criminales, aquí el extraño es clase privilegiada; eso pasó al detener al periodista César Silva por demanda de un tal venezolano que alega ser funcionario sin serlo, un simple golpista, antichavista. Punto. Pero en Honduras tiene justicia y propaganda, hasta lo invitan a foros “serios” de televisión.
Que un Poder Judicial que estuvo de acuerdo con los “secretos de Estado” pensando en la seguridad Nacional no actúe contra un venezolano que instó a cometer actos terroristas en territorio hondureño y, al contrario, se ensaña contra periodistas que defienden la República, despeja toda duda de la “imparcialidad” de la ley; la Corte hondureña siempre abanderó el crimen del Partido Nacional.
Ayer, el destacado periodista hondureño, Cesar Silva, de la cadena Une TV, estuvo detenido por varias horas, luego que por orden de un Tribunal de Sentencia se procediera en su contra por «faltas al honor» del “diplomático” Marco Porras, allegado a Juan Guaidó.
En tanto, el periodista Carlos Ávila, que además es secretario de comunicaciones del Partido LIBRE en Choluteca, es perseguido por una orden de captura en su contra, en un proceso judicial que ya lleva 15 años y que se profundizó con las reformas del “Código de la Impunidad” que se ha ensañado contra periodistas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Morir o ser encarcelado para poder contar. Así ha estado por más de 12 años el periodismo hondureño opuesto al despotismo de la élite política, un cimento hostil que se ensaña cada que puede contra los defensores de la Patria, la autoridad soberana del pueblo y la verdad; el asedio de los poderes que gobiernan la Nación es constante y no habrá cambios hasta no tener un nuevo sistema de poder y, por mientras, una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que todavía tiene un año con bandera del Partido Nacional.
Ayer la CSJ recordó a la sociedad hondureña que la dictadura nacionalista aún no está acabada, y que ejercer el periodismo sigue siendo de “alto riesgo”, pues le dio prioridad a una querella por supuestos delitos contra el honor de un antichavista venezolano, asesor y “electo” por el ilegitimo Juan Guaidó como “diplomático” de su “Gobierno”, a todas luces un violador de la ley constitucional del país suramericano.
Agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), arrestaron al periodista de Une TV, Cesar Omar Silva, tras que éste salió del recinto judicial; lo anterior por orden de un Tribunal de Sentencia que admitió la segunda querella que el venezolano Marco Porras presentó contra el comunicador, por hechos que suscitaron entre ambos en 2019.
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El 25 de febrero de 2019 Porras arribó al entonces Aeropuerto Internacional de Toncontín, allí fue interceptado por medios de comunicación cuando su “nombramiento” como diplomático de Guaidó estaba “fresco”; en ese sector Silva solicitó entrevistarlo y éste se negó, afirmando que no compartía la línea editorial de Une TV.
No obstante, Silva insistió, el acto inmediatamente pasó a ser un intercambio de palabras, donde el periodista increpó al supuesto analista político por los actos terroristas de Henrique Capriles –preso en Venezuela– que en su afán de “hacer caer” al Gobierno de Nicolás Maduro él y su grupo ejecutaron actos vandálicos y graves atentados contra ciudadanos que identificaran como “chavistas”.
En el video compartido en redes sociales se aprecia el momento en que Silva le cuestiona a Porras sobre estos actos y éste responde afirmando que repetirían lo mismo en suelo hondureño, siendo una clara amenaza a la seguridad nacional de parte de un extranjero; acto seguido el periodista agredió y reprendió a Porras.
Por este suceso presentó una querella en marzo de 2019, Silva fue condenado a 37 días de prisión por la agresión, la pena era conmutable bajo fianza; sin embargo, el pasado 11 de marzo de 2022, el equipo legal de Porras –quien según reportes extraoficiales ya no está en el país–, presentó una nueva querella, ahora por injuria.
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Tras la detención de Silva, pasaron varias horas sin la presencia de un fiscal para determinar qué acciones seguir en el caso, si era liberado bajo fianza o si quedaba en prisión preventiva, en caso de ser ésta última se visualizaba que el comunicador pasaría “Semana Santa” encarcelado.
Sin embargo, a eso de las 4:00 de la tarde el periodista fue liberado, luego que la sociedad hondureña emitiera mensajes en su defensa, entre ellos de varios funcionarios del Gobierno y de la presidenta Xiomara Castro, quienes cuestionaron el atentado al periodismo que significa la criminalización de delitos contra el honor.
A la fecha ningún órgano de Defensa y Seguridad del Estado u organizaciones de Derechos Humanos, ha denunciado a Porras por sus declaraciones que en 2019 eran perfectamente ejecutables contra manifestantes inconformes con el régimen del extraditable, Juan Hernández.
Casi en paralelo a lo de Silva, trascendió que el periodista Carlos Ávila Aguilera, estaba en riesgo por una orden de captura librada en su contra por un proceso que ya lleva 15 años.
El reportero, oriundo de la ciudad de Choluteca, al sur del país, es actualmente secretario de comunicaciones del gobernante partido Libertad y Refundación (LIBRE), explicando en una carta que tras 15 años el proceso en su contra se ha vuelto más agresivo por el “Código Penal de la Impunidad” y las figuras de poder de los nacionalistas.
En el documento desglosa que si bien cuenta con todos los medios de prueba –incluyendo dos artículos publicados en periódicos nacionales–, la CSJ no ha querido dejar el caso y, de hecho, un fiscal del Ministerio Público ha pedido su encarcelamiento, aduciendo que la conmuta no existe.
“Se justifica extra audiencia conmigo argumentando que es culpa de los diputados, que si él no pide prisión para mí, puede ser despedido de su cargo, desconozco quien lo puede despedir si no me encarcela por esa noticia que publiqué hace 15 años”, apunta Ávila, quien pide intervención del Gobierno para ser indultado ante la persecución de “la narco dictadura del Partido Nacional”.
Pese a los compromisos del nuevo Gobierno por defender la libertad de prensa, los atentados continúan; recién el pasado 2 de abril, el director del periódico “Portal del Sur”, Leonardo Pineda –también de Choluteca–, sufrió un atentado.
Según el relato del cronista, se conducía en su vehículo en el anillo periférico de la sureña ciudad cuando notó que un automóvil Honda CRV llevaba varios minutos siguiéndolo, cuándo se percató dice que comenzaron a disparar y, afortunadamente, él salió ileso y de inmediato se trasladó a la DPI para denunciar el ataque.
Datos del Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), institución creada para contrastar datos oficiales que en ocasiones son tergiversados y para medir la violencia con la que opera el crimen en Honduras, contabiliza que ya han sido asesinados más de 90 periodistas; la mayoría de ellos comunicadores sociales de prensa alternativa del interior del país.
Cabe señalar que la figura de criminalización se ha ensañado contra los profesionales del periodismo, uno de ellos es Jairo López, quien aun teniendo mecanismo de protección, ha estado en situación vulnerable por la persecución.
Además, por delitos contra el honor fue arrestado el extinto director de Radio Globo, David Romero Ellner, víctima de un orden judicial que tipifica estas faltas como un asunto penal y no civil; en marzo de 2019 el veterano de las noticias fue capturado mientras conducía el noticiero del mediodía, los agentes policiales entraron a cabina para detenerlo y trasladarlo a prisión.
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Romero Ellner murió en julio de 2020 tras pasar más de un año en prisión, el reporte médico señaló que el periodista presentó una carga viral de Covid-19 a la que sólo están expuestos los médicos en primera linea, sus allegados y familiares denunciaron que fue expuesto al virus a propósito en un plan de la dictadura para asesinarlo.
En entrevista exclusiva con EL LIBERTADOR –que leerá completa en la siguiente edición impresa mensual–, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, aseguró que durante la gestión de la presidenta Castro se hará todo lo posible para sacar del riesgo social a los periodistas y que no habrá ataques desde el Gobierno, es decir, no habrá ordenes de asesinato como en la dictadura.
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