Después de casi tres años en prisión, en las próximas horas estarán recobrando la libertad los ocho ambientalistas que se opusieron de manera férrea a la destrucción del rio Guapinol, por la empresa minera “Los Pinares”, concesionada al matrimonio de Ana Facussé y Lenir Pérez, una de las familias más beneficiadas con bienes nacionales por el dictador Juan Hernández.
El abogado y miembro del “Bufete Justicia para los Pueblos”, Edy Tábora, explicó hoy que la orden de liberación se pudo dar gracias a que la Corte Suprema de Justicia (CJS), dictó como favorable dos recursos de amparo que la defensa de los activistas ambientales interpuso hace 15 meses. Además, fue una de las promesas en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y una insistente petición internacional de justicia de varias instancias de derechos humanos como la ONU.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El juicio contra los ocho ambientalistas que se opusieron a la destrucción del Rio Guapinol a manos de la empresa “Los pinares”, propiedad por concesión del matrimonio Lenir Pérez y Ana Facussé, ha quedado en situación de inexistencia jurídica por considerar que se violentó el debido proceso y, por tanto, se espera que este viernes o en las próximas horas queden en libertad.
Luego que hace dos días el Tribunal de Justicia de Tocoa en el de departamento de Colón, determinara la culpabilidad de seis de los ocho ambientalistas involucrados en el controvertido caso de Guapinol y San Pedro; este día La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un falló de manera sorpresiva otorgando dos recursos de amparo a favor de los imputados.
Es preciso mencionar que tras la sentencia condenatoria a los jóvenes el pasado miércoles 09 de febrero, tras permanecer dos años y cinco meses en prisión preventiva, tiempo en que la Fiscalía del Ministerio Publico (MP), recolectaba pruebas del caso, diversas organizaciones Nacionales e Internacionales condenaron la acción y la presidenta Xiomara Castro prometió interceder por su liberación durante su discurso de toma de posesión el pasado 27 de enero.
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Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la condena ya que consideró que la actuación del Ministerio Publico, no se condujo mediante el principio de objetividad y tampoco se cumplió con el estándar mínimo de pruebas para demostrar la culpabilidad de los defensores imputados.
Ante este escenario, el abogado y miembro del “Bufete Justicia para los Pueblos”, Edy Tábora, expuso este día que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió ayer un recurso de amparo que había sido presentado hace 15 meses por parte de la defensa, agregando que en caso de que este no se aprobara ya habían solicitado la aplicación de Ley de Amnistía, aprobada hace unos días en el Congreso Nacional.
Del mismo modo detalló que ya en los juicios que se habían realizado en los meses anteriores la defensa había probado que las pruebas que presento la fiscalía del Ministerio Publico eran contradictorias, deficientes y violatorias a los derechos humanos, “incluso la Organización de las Naciones Unidas, determinó que el juicio se llevó de manera arbitraria por lo que lo que sugirieron que los dejaran el libertad y además se investigaran los funcionarios responsables”.
El togado informó además que se espera que este día el Tribunal de Sentencia, emita la carta de libertad, “hoy estamos trasladándonos al juzgado de Colón, para que emitan las cartas de libertad y de una vez recuperen la libertad si no es hoy viernes seria el lunes, así que todavía estamos haciendo gestiones”, informó.
Tábora también recordó la travesía que han tenido que vivir los ambientalistas hondureños, contando que todo empezó en 2018, cuando la empresa minera “Los pinares”, perteneciente al controvertido matrimonio Pérez-Facussé, hija del extinto terrateniente y empresario Miguel Facussé, interpuso una denuncia contra los ambientalistas que se oponían a la destrucción del Rio Guapinol.
“Las autoridades actuaron enseguida, sin embrago, estas ocho personas se presentaron voluntariamente ante un juzgado de Jurisdicción Nacional en agosto de 2019, durante tres días anduvieron de juzgado de juzgado y allí les dieron una prevención preventiva por delitos de daños y asociación ilícita”, contó el Togado.
Destaca que la pareja Pérez Facussé, fueron de los grupos más beneficiados con bienes nacionales durante el régimen de Juan Hernández, recientemente sancionado por Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y corrupción documentados por la Fiscalía y Departamento de Justicia.
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