La Secretaría de Derechos Humanos ha lamentado este miércoles que el Poder Judicial de Honduras sigue bajo control de la dictadura nacionalista, lo anterior luego que trascendiera los ataques en simultaneo contra las comunidades de Guapinol, Azacualpa y Tierras del Padre; al respecto, la abogada Naama Ávila ha criticado que los operadores de justicia siguen apegados a los grupos de poder económico.
Ávila dijo a EL LIBERTADOR que pese a las buenas intenciones del Gobierno de Xiomara Castro, no podrá incidir directamente en la Corte Suprema, por lo que recomienda dar acompañamiento y documentar la sistemática violación de derechos humanos, siendo enfática que en el caso de la tribu Lenca de Tierras del Padre, sería un error trasladarlos porque “sería reconocer que el título ancestral no cuenta”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Los operadores de justicia continúan en poder de la Dictadura”, así ha reaccionado esta mañana la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, luego del asedio del Poder Judicial sobre las comunidades de Guapinol en Colón, Tierra del Padre en Francisco Morazán y Azacualpa en Copán.
Y sobre este tema ha reaccionado la abogada y defensora de derechos humanos, Naama Ávila, quien como punto de partida critica que: “Aquí lo que hay es un Sistema Judicial acuerpando los grupos de poder y esa misma familia de los Facussé, hoy han querido demostrar que tienen un poder nocivo ya que paralelamente a lo de Guapinol, estaba sucediendo el desalojo en Tierras del Padre”.
Esta tarde el Tribunal de Sentencia de Tocoa, Colón, condenó a seis de los ocho defensores del Río Guapinol que tenían más de dos años con prisión preventiva en un caso que, según el equipo de defensores, fue fabricado por el Ministerio Público a favor de la empresa minera “Los Pinares”, propiedad del matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé.
La audiencia para la individualización de la pena se desarrollará el próximo lunes 21 de febrero a las 9: 00 de la mañana donde se conocerá cual será la sentencia condenatoria por los delitos imputados; en medio de constantes reclamos de la comunidad internacional.
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Ávila, dijo a este periódico que la sentencia dictada contra los seis ambientalistas, es un mensaje intencional que quiere enviar la familia Facussé, mostrando el poderío y la complicidad con el Poder Judicial.
“Aquí hay una manipulación de origen porque cuando se ve el expediente, se demuestra que hay un caso armado y construido a favor de esa maquinaria extractiva que está allí en la zona de Guapinol, no es un tema de legalidad ni de legitimidad”, aseguró.
Del mismo modo afirmó que estas violaciones a los derechos humanos que se han dado hoy evidencia a Honduras como un país, que no tiene ningún tipo de respeto a las leyes ni al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se está suscrito y que se refiere a derechos de pueblos originarios.
Cabe resaltar que de forma simultánea, Minerales del Occidente (Aura-Minosa) comenzó la exhumación ilegal del cementerio ancestral Maya Chorti en la comunidad de Azacalpa en Copán, y en Francisco Morazán se comenzó el desalojo de la tribu Lenca de Tierras del Padre, ubicado a 11 kilómetros al sur de Tegucigalpa.
“Aquí lo que hay es un Sistema Judicial acuerpando los grupos de poder y esa misma familia Facussé hoy ha demostrado tener un poder tan nocivo”, condenó la profesional del derecho y activista del pueblo afrodescendiente.
Sobre el pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, que llegó a ese sector para detener el desalojo, Ávila señala que aunque haya buena intención del Poder Ejecutivo que preside Xiomara Castro, no podrá intervenir en una decisión que venga de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Ella (la secretaria Natalie Roque) está haciendo lo más prudente que es acompañar las familias y está emitiendo un pronunciamiento claro de su postura porque en otras ocasiones los Secretarios sólo se quedan en sus escritorios”, valoró.
La jurista fue contundente al señalar que si bien es necesario un diálogo sustancial, hasta que la vigente CSJ termine su periodo, el nuevo Gobierno no debe ceder con la reubicación de la tribu Lenca de Tierras del Padre.
“Si el Estado condiciona otro lugar es un error, porque sería reconocer que el título ancestral no cuenta. Aquí definitivamente no es desalojar a la comunidad Lenca”, sentenció.
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