El exdirector de Invest-H, Marco Bográn Corrales, en el marco del segundo día del juicio por la estafa de las “latas móviles”, ha dicho al juez que como no está pagando una pena, su celda debería tener servicio Wifi permanente para “comunicación permanente” con familiares y abogados, dejando abierto que pasa aburrido en el batallón donde está recluido.
Bográn ha sido enjuiciado junto al exadministrador de Invest-H, Alex Moraes, quienes según investigación de EL LIBERTADOR tardaron sólo 26 minutos para comprar los dos primeros hospitales que supuestamente salvarían vidas; en tanto, con plena impunidad la Fiscalía hondureña aun no pide extradición contra el “mediador” de la estafa, Axel López.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras nueve meses con prisión preventiva, esta semana inició el juicio contra el exdirector Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales y el exadministrador, Alex Moraes, señalados por fraude y violación a los deberes de los funcionarios vinculado a la compra de los sietes hospitales móviles, inútiles para salvar vidas del Covid-19.
Ayer, en el primer día del juicio, la Fiscalía presentó más de 70 medios de prueba: 58 comprenden medios documentales, ocho periciales, dos evidénciales y dos testimonios, donde se demuestra que los centros clínicos se adquirieron de manera directa y fraudulenta a un precio de 47,512,564 dólares, equivalente a 1,174,517,764 lempiras.
Durante la audiencia, en la sala del Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción, Marco Bográn, le solicitó al juez encargado del caso que le permita acceso a internet, además de exigir mejores tratos y otras condiciones exclusivas para la unidad militar donde se encuentran recluidos desde abril de 2021.
“Lo que si pedimos es que nos pudiéramos defender en libertad y tener acceso para descargar el materiales de defensa de los que nos ha señalado el Ministerio Publico”, apuntó Bográn.
Además, pidió al juez que “a pesar de seguir en prisión se nos permita tener Wifi y comunicación permanente con nuestros abogados y familiares. No estamos agando una pena por lo tanto no deberíamos estar incomunicados ni encerrdados”.
“Tampoco nuestros comestibles deben ser lanzados al suelo y al lado de servicio sanitario”, expresó Bogran.
Cabe mencionar que la primera etapa del juicio finaliza el próximo 31 de enero, según el portavoz del Ministerio Publico (MP), Yuri Mora las evidencias son contundentes, “estas personas vinculadas con el fraude de los hospitales móviles tendrán que ser condenadas porque se cuenta con toda la carga probatoria de sobrevaloración”.
Según el artículo 349 del Código Penal, el delito de violación de los deberes de los funcionarios es castigado con una pena de entre tres a seis años de prisión, mientras el de fraude es sancionado con nueve años de reclusión.
Una investigación de EL LIBERTADOR constató el delito y la malicia de los exfuncionarios, evidenciando que el trámite fue ejecutado por tres empleados administrativos de Invest-H en solo 26 minutos y tres segundos, con relación al pago de los primeros dos clínicos que se otorgó al supuesto empresario de origen guatemalteco, Axel López.
Además, este periódico constató que la supuesta empresa de López funciona en un centro comercial compartiendo la dirección una agencia de UPS, sociedad mercantil que se dedica a la entrega de correo y encomiendas.
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