En audiencia de lectura de sentencia, agentes de tribunales de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) lograron una pena concreta de 11 años y 11 meses de prisión contra el gerente del proyecto habitacional “Ciudad del Ángel”, José Santos Arias Chicas.
El proyecto fue aprobado en 2007 bajo el mandato de Ricardo Álvarez en la capital Tegucigalpa, con contratos y permisos “instantáneos” que no ejecutaron estudios a fondo sobre la zona que había sido declarada inhabitable por una falla geológica que destruyó viviendas dejando en la calle a unas 200 personas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. José Santos Arias Chicas de 77 años de edad, gerente del pésimo proyecto habitacional “Ciudad del Ángel”, fue condenado a 11 años y 11 meses de prisión este miércoles, luego de una exhaustiva investigación de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM).
El proyecto “Ciudad del Ángel” fue aprobado por la corporación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) del periodo 2006-2010, donde Ricardo Álvarez fungía como edil, Renán Inestroza como vicealcalde, y con el grupo de regidores formado por: Mario Enrique Rivera, Mario René Pineda, Nasry Asfura, Eliseo Castro y Enrique Ortez Sequeira, éstos dos últimos del Partido Liberal.
Investigaciones señalan que la urbanizadora presentó informes para el visto bueno de las autoridades, de tal manera que se otorgó el permiso de construcción, no obstante, el área era inestable y no se esforzaron en realizar el estudio geológico de la zona.
Luego de ser acusado por el Ministerio Público, Arias Chicas huyó del país, por esa razón enfrenta otra causa judicial que corresponde al delito de desobediencia en perjuicio del orden público, ya que incumplió un arresto domiciliario tras escaparse a España donde fue recapturado y repatriado.
Durante el juicio oral y público en el caso Ciudad del Ángel, se presentaron 64 medios probatorios, de estos, 32 declaraciones testificales de las 53 víctimas y 24 medios de pruebas documentales que se constituían en expedientes de licencias ambientales e inspecciones, entre otros.
El caso se dio a conocer luego que los afectados denunciaran que sus viviendas estaban siendo afectadas desde la base, al poco tiempo decenas de casas cedieron dejando al menos 200 personas en la calle.
Cabe señalar que, según la investigación, en 2005 la empresa Bienes y Raíces Arias presentó solicitud de licencia ambiental a la extinta Secretaría de Recursos Naturales (Serna), a través de la Unidad de Gestión Ambiental UGAM de la AMDC, donde trabajaban Nelson Abdalah Ghawi y José Valery Boris Espinal Ponce (también condenados en este caso).
Producto de la tramitación de esta solicitud se realizaron una serie de inspecciones y se obtuvieron diferentes opiniones técnicas o dictámenes, mismos que evidenciaron el riesgo que técnicamente suponía la construcción del proyecto habitacional que, según el Convenio en referencia, sería la UGAM la encargada de dar control y seguimiento a los contratos de medidas de mitigación.
Entre otros planteamientos expuestos en la acusación, los Fiscales sostienen que “durante tuvo vigencia la licencia ambiental, ambas instancias tanto la SERNA como la AMDC no hicieron el control y seguimiento a que estaban obligadas, así mismo, ninguna de las dos instituciones a través de los departamentos correspondientes exigió a los desarrolladores del proyecto la presentación de los informes que debían proporcionar semestralmente de conformidad al contrato de medidas de mitigación”.
La causa además expuso que “El proyecto fue ampliado sin solicitar el respectivo permiso ambiental”, también se destaca que ex funcionarios de la Alcaldía se excedieron en el uso de las facultades que la Ley les impone al autorizar supuestamente de forma irregular las licencias de obra para construir viviendas unifamiliares, entretanto, dos de los acusados emitieron dictámenes sin cerciorarse del contenido de documentos importantes como el Mapa Geológico, el Diagnóstico Ambiental Cualitativo y el Informe Hidrológico de COHISA.
Sin embargo, el dictamen del proyecto se presentó el 17 de mayo del 2007 por la Gerencia de Metroplan, con la firma del expresidenciable y saliente edil de la capital Nasry Asfura, posteriormente el 9 de agosto de ese año, fue aprobado por la Corporación Municipal.
En las investigaciones que realizó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), se detectó que la zona sobre la cual se construyó el proyecto habitacional había una falla geográfica que ocasiona deslizamientos de nueve milímetro por día.
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