El actual Congreso Nacional ha enviado un borrador de la ley que pretende imponer para crear una fuerza de seguridad especial para proteger a funcionarios del régimen saliente que, a criterio del economista Claudio Salgado, será un golpe devastador para las finanzas públicas del nuevo Gobierno
Para esta ley, se prevé aprobar 250 millones de lempiras al año sólo para seguridad de exfuncionarios; sin embargo, Salgado analiza que el costo puede ser mucho más si aplica cualquiera que haya sido servidor público desde 1982.
La aprobación de esta guardia privada, sumada al nombramiento permanente de activistas, instituciones estatales y comisiones con funciones duplicadas, simboliza un golpe para el nuevo Gobierno de Xiomara Castro que hereda un país en la ruina por el narcotráfico, el saqueo al dinero público y los altos índices de violencia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde Casa Presidencial y el Poder Legislativo, se ejecuta la “black season” de cierre de año, dando más golpes antes de su final. Ahora, el saliente Congreso Nacional pretende aprobar la Unidad Especial de Protección (UEP), que costará a los hondureños unos 250 millones de lempiras al año.
Varios diputados han mostrado en redes sociales el documento preliminar de este proyecto que se enfoca en dar seguridad exclusiva a exfuncionarios y sus familias, es decir, cada día el pueblo a merced del crimen, pagará más de 680 mil lempiras para que políticos señalados por corrupción y crimen organizado estén a salvo.
Al respecto el diputado electo del Partido Salvador de Honduras (PSH), David Reyes, repudió la intención del legislativo no sólo por protegerse sino porque: “Esta es una exageración y abuso por mantener un privilegio al que ellos están acostumbrados, quieren continuar con la borrachera de poder”.
A su vez, el abogado Juan Carlos Barrientos acusó la corrupción y abuso de poder del Ejecutivo al nombrar de forma permanente a más de 12,100 empleados, la amplia mayoría activistas del Partido Nacional que llevan 12 años en cargos públicos donde únicamente se han lucrado sin resultados eficientes al pueblo.
“Que le estén dando acuerdo de nombramiento a empleados que por más de 12 años estuvo por contrato, afectará al nuevo Gobierno estas son cosas lesivas”, dijo Barrientos al señalar que se quiere dejar comprometida a la nueva autoridad.
Al respecto, el reconocido economista Claudio Salgado, explicó a EL LIBERTADOR que la aprobación de la UEP significa mucho más derroche que los 250 millones de lempiras anunciados, pues considera que de aprobarse, cualquiera que haya sido funcionario desde 1982 podrá aplicar y esto incrementará astronómicamente los costos de protección.
“De aprobarse ese fideicomiso, no se podrían utilizar recursos valiosos para la agenda social de la presidenta electa, en cambio se tendrían que mantener muchos funcionarios. Esto quita espacio fiscal para hacer obras en favor de la gente”, añadió.
De igual forma, consideró que la gran cantidad de funcionarios ha sido una de las mayores cargas presupuestarias desde 2014, cuando se reestructuró el sector público, creando instituciones y comisiones interventoras que vinieron a duplicar funciones.
“Aún más, muchas obras de que se realizaron fueron otorgadas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), desarrollando obras de gobierno. Esto es fruto de la distorsión que crearon los nuevos gabinetes”, señaló.
Visualiza que el Presupuesto General se repartirá prácticamente en deuda externa y pago de funcionarios, por lo que espera que Castro deberá demostrar acciones contundentes para evitar el derroche exagerado, partiendo de la toma de posesión: “Deberá mostrar autoridad, nada de gastos rimbombantes”.
Salgado lamentó que el Gobierno saliente inició un saqueo desmedido de los recursos y bienes en cada institución que acortará aún más el presupuesto con que contará la administración de Castro.
Deja un Comentario