Honduras es uno de los países más mortíferos para periodistas, en los últimos 20 años han sido ejecutados 92 comunicadores, la mayoría de casos registrados de 2009 a la fecha por denunciar la corrupción y el crimen de los grupos de poder, según informe del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Sólo siete casos han sido judicializados y, además, la desinformación y la obstrucción de la labor, se han perpetuado como modelo de censura auspiciado por el Gobierno y élites del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde 2001, 92 periodistas han sido asesinados, sólo cuatro casos han sido atendidos por el Poder Judicial, ha informado este jueves el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que además ha alertado que sólo en 2020 recibió 142 alertas, lo que para la directora de esta institución, Amada Esperanza Ponce, convierte a Honduras en uno de los países más letales para ejercer la profesión.
La organización presentó hoy el informe: “La desinformación: plataforma de un régimen”, donde expone la situación de peligro que sufren periodistas, comunicadores, trabajadores de medios de comunicación, camarógrafos y todos los que integran el ecosistema de la información, relatando que el Gobierno del Partido Nacional, ha creado todo un sistema de desinformación estructurada que abona el terreno para la impunidad.
“C-Libre hizo una valoración acorde a nuestro contexto actual. Consideramos que Honduras es uno de los tres países más violentos de la región para el periodismo. Y más allá de la cruenta cifra en asesinatos, debemos ver el tema de la impunidad. De los 92 asesinado, solo siete casos han sido judicializados, y los condenados son los autores materiales, es decir, no se sabe quiénes están detrás del crimen”, expresó Ponce.
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Señaló que: “Hemos alertado las reiteradas amenazas contra periodistas, pero ni el mecanismo de protección ni el Ministerio Público hacen acciones preventivas para evitar las muertes”. Tomando como ejemplo el emblemático caso del periodista Luís Almendares (foto), asesinado en 2020, quien era miembro de la “red de alerta”.
“Era una de las personas más beligerantes en periodismo de investigación en Comayagua, señalado por la misma institucionalidad, amenazado y asesinado”, lamentó Ponce al recordar también que C-Libre emitió diez alertas y solicitó el amparo del Mecanismo Nacional de Protección, que nunca otorgó garantías.
Otro elemento relacionado que fue el sistema de desinformación que se impone sobre la población, manejado por el Gobierno, creado para disuadir y confundir: “se emitieron mas de 300 cadenas nacionales entre marzo a diciembre de 2020, es decir, entre dos y tres cadenas nacionales diarias, apareciendo Juan Hernández en todas”, aclaró.
Dichas cadenas no se emiten para informar objetivamente sobre temas de urgencia y necesidad humanitaria –como el caso de la pandemia–, sino que sirve como plataforma política para un presidente reelegido inconstitucionalmente, lo que obstruye el acceso a la información relevante sobre temas vitales de país y la toma de decisiones, explicó.
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Muchas alertas se relacionan con el silenciamiento de voces críticas al sistema de desinformación gubernamental, así como el periodismo de investigación en las comunidades, y el asesinato de periodistas es estratégico para callar a toda una región, especialmente las azotadas por el crimen organizado y la indolencia de las autoridades.
Pedro Canelas, dueño de Radio Bambi en la región de Culmí, fue asesinado en 2020 por denunciar la facilidad con la que se ejecutan homicidios en Catacamas, la inoperancia de las fuerzas de seguridad y sugirió la complicidad de autoridades y criminales en el ingreso del narcotráfico, amplió Ponce.
La activista social también criticó que: “Se negó el acceso a la información sobre el manejo de fondos destinado para la pandemia y las ayudas para los afectados de los huracanes Eta e Iota. Especialmente en el tema de los hospitales móviles, que era de interés público”.
Asimismo, reprochó que aunque existan fiscalías especializadas como la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh), apenas tienen recursos para realizar una investigación.
“El Feproddhh apenas tiene un registro, no tienen acceso a bases de datos del Registro Nacional de las Personas, no pueden identificar a un agresor; igualmente la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida no investiga los asesinatos de periodistas por su labor informativa”, dijo.
De igual modo, amplió que no existe relación entre el Mecanismo de Protección y la Fiscalía, y el bajo presupuesto se traduce graves carencias técnicas y de personal, dependencia del Poder Ejecutivo y poca participación de la sociedad civil.
“C-Libre montará su observatorio sobre la libertad de expresión, para denunciar las acciones de obstrucción informativa, los bajones informáticos en transmisión de resultados, así como cualquier incidencia en el proceso. Los periodistas deben denunciar con antelación las posibles agresiones que se puedan dar”, afirmó la directora.
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