El destacado constitucionalista y primer Fiscal General del Ministerio Público, Edmundo Orellana, advierte a los socios de la inaudita ZEDE “Ciudad Morazán” que, al apropiarse de nueve inmuebles, por la forma en que lo ha hecho, incurre en delito porque sólo el Estado de Honduras puede decretar la expropiación.
La población que se ve afectada por las ZEDE, recomienda el jurista— tendrá que irrumpir en los terrenos donde se instalan las que están siendo anunciadas para que la maquinaria no pueda operar y cuestiona que es un asunto que se debió hacer desde el principio para evitar la altanería de empresarios extranjeros.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Insólitamente Honduras ha celebrado el bicentenario con un nuevo proceso de fragmentación y separación del territorio con las inconstitucionales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); ayer, Choloma ha instaurado un estado de alerta luego de que trascendiera que la inaudita “Ciudad Morazán”, informará a través de un campo pagado que ha incorporado nueve inmuebles a su propiedad.
En el anuncio que publicó en medios escritos para sustentar “legalidad” se lee que basados en el artículo 26 del Decreto 120-2013, que es la Ley Orgánica de las ZEDE y que trata de inmuebles dentro del ámbito espacial de competencia de las ciudades privadas, pueden ser incorporadas según esta ley inconstitucional que aprobó el actual Congreso que domina el gobernante Partido Nacional.
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En resumen, se trata de expropiación del territorio, en este caso nueve propiedades. Y en este contexto, el experimentado abogado constitucionalista y primer Fiscal General de la República, Edmundo Orellana, ha dicho a EL LIBERTADOR que si se trata de esta medida de apropiación del territorio: “Están cometiendo un delito”.
Orellana explica que según la ley de las ZEDE, que sólo el Estado puede decretar una expropiación y si no lo ha hecho se está cometiendo un delito, porque “no se puede expropiar cuando el Estado todavía no ha decretado la expropiación. Es ilegal lo que se está haciendo”.
El jurista ha observado que desde el punto de vista legal, se han acabado los recursos, ya que los tres poderes del Estado, representados por la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso Nacional (CN), han estado de acuerdo con las ZEDE, siendo una réplica de lo apreciado con la ilegal reelección presidencial.
“Es el mismo caso de la reelección, no se puede dar nada desde el punto de vista legal para revertirlo actualmente. En el futuro quizá, pero ahora no, siempre hay un recurso legal pero no para revertirlo, sino para impedir que se siga autorizando y eso es la acusación criminal en contra del comité de buena prácticas, que está autorizándose ilegalmente”, apunta.
El ilustre abogado recalca que la misma ley ZEDE señala que para que una de estas ciudades privadas se autorice, primero debe pasar por decreto vía Congreso Nacional, y para impedir que se siga fragmentando el territorio, es urgente aplicar una denuncia al “Comité de Buenas Prácticas” ante el Ministerio Público.
Además, dice que la población que se ve afectada directamente por las ZEDE tendrá que irrumpir en los terrenos donde se instalan las que están siendo anunciadas para que la maquinaria no pueda operar y cuestiona que es un asunto que se debió hacer desde el principio para evitar la altanería de empresarios extranjeros.
Orellana advierte que, al igual que el conflicto con Empresa Energía Honduras (EEH), todo esto puede recaer en una nueva demanda de los “terratenientes” de las ZEDE: “Pero hay algo que hay que considerar, en derecho hay algo que se llama la buena fe, y la buena fe es el justo título para adquirir un derecho y el asunto es que estos señores que están asumiendo como propietarios de esos terrenos y esas adjudicaciones de las ZEDE, es que están advertidos de que esas adjudicaciones son ilegales”.
“No han sido aprobadas por el Congreso Nacional y ante ese conocimiento que es un hecho notorio, en ningún caso se va poder alegar jurídicamente con algún grado de éxito que ellos desconocían que los estaba estafando el Comité de Buenas Prácticas”, recalca Orellana, agregando que aunque puedan demandar al Estado, no tendrán sustento jurídico.
No obstante, el togado advierte que si estos empresarios acuden a tribunales internacionales “Honduras lleva las de perder, porque siendo un país pequeño enfrentándose a un magnate, va ser muy difícil aun cuando el derecho le asista. Si eso se da y nosotros perdemos esos juicios Honduras todavía tiene un recurso y es la acción de repetición en contra de los funcionarios que otorgaron esas autorizaciones”.
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