El gerente de Empresa Energía Honduras (EEH), Ricardo Roa, manifestó que entre septiembre de 2018 y abril de 2019, el Gobierno incrementó en 147% la factura de la energía, carga que recayó en 600 mil usuarios en extrema pobreza que no consumen ni 50 kilovatios por hora.
En ese contexto, el economista del Fosdeh, Obed García, lamentó el aumento de la factura es una tendencia que sólo afecta al pueblo mientras que empresas y zonas residenciales con conexión ilegal, gozan de impunidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Entre septiembre de 2018 y abril de 2019 el Gobierno incrementó en más de 147 por ciento el valor facturado por energía eléctrica, la carga recayó en 600 mil usuarios en extrema pobreza que consumen menos de 50 kilovatios por hora (Kw/h), así lo ha denunciado el gerente de Empresa Energía Honduras (EEH), Ricardo Roa.
Roa, en el marco de la intervención de operaciones de EEH, expresó que debido a la salida de un inversionista nacional en el periodo 2018-2019, el Gobierno aprobó un aumento en la facturación, lo que afectó solamente a los usuarios más pobres del sistema eléctrico.
“El incremento es una afrenta monumental, entendiendo dos cosas: son gente que consumen unos 50 Kw/h y que solo representa un 2% del mercado, unos 600 mil usuarios. Para esos usuarios significa que si pagaban 100 pesitos en 2018 por los 50 kilovatios, en 2019 le tocó pagar 250 lempiras”, declaró.
Además, culpó la mala gestión pública por los aumentos, que a conciencia se aplicaron sólo a un sector de usuarios: “Yo le lleve los datos al presidente de la República en agosto del 2019, quien nos dijo: ‘ustedes me tienen incendiado el país’; yo le respondí: “quienes tienen incendiado al país son ustedes con estos incrementos tarifarios, las tarifas las definen ustedes a través del ente regulador y a través de los costos que le representan la estatal energética, esa no es nuestra responsabilidad”.
Por su parte el analista e ingeniero, Mario Zelaya, señaló que la gran mayoría de los usuarios, alrededor de un 63 por ciento, son consumidores menores de 100 Kw/h, quienes corresponden a la mayoría de la población en pobreza.
“Es la población pobre la que es castigada permanentemente por la ineficiencia del sector electricidad”, y explicó que para la clase media, el gasto energético representa un 4 por ciento de sus ingresos, mientras que para el sector rural es un 15 por ciento de ingresos, marcando serios problemas de inequidad, pobreza y acceso a la energía.
Al respecto, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (Fosdeh), Obed García, analizó que la raíz subyacente del problema sigue siendo el robo de energía que ajuicia no se da sólo en el sector empresarial, sino también en algunos sectores residenciales, conectados de forma ilegal.
Además expresó que el contraste de consumo estos sectores y los pobres es evidente, sin embargo el incremento no es acorde a dicho contraste: “Cuando vemos estas variaciones, los incrementos han sido más que proporcionales en el sector residencial, se habla de un 7% más este año, lo que se traduce en un incremento de la pobreza”.
Amplió que: “Los hogares ven más limitada su capacidad de consumo y sus ingresos no compensan los incrementos de la factura”. García extendió que la situación se agrava en el área rural, donde el servicio es deficiente y proporcionalmente más caro.
Por último, alertó que la intervención podría dar pie a un nuevo proceso de privatización del sector energía, que generará una situación insostenible en el pago de la factura de energía para la población más pobre del país.
“Si se privatiza el sector estamos hablando que se cobraría el valor real de la energía, que es el elemento que el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene señalando, ya no se contaría con subsidios de la parte pública ni la absorción de costos que también son pérdidas para la ENEE, pero es parte de su función”, cerró.
En tanto, en un comunicado, la Comisión Interventora de la ENEE (CI-ENEE) dijo que debido a las pérdidas técnicas y no técnicas se puso en “grave peligro” la prestación de servicios y cumplimiento del objeto de contrato, por lo que la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) procedió a intervenir el Contrato de la APP y no el del inversionista operador, que en este caso es EEH, con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica.
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