Un grupo de beligerantes congresistas hondureños, se ha plantado en los predios del Poder Legislativo para presentar la solicitud de juicio político, amparados en la “Carta Magna”, contra los 12 magistrados del Poder Judicial que avalan las inconstitucionales y repudiadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer jueves, un grupo de diputados presentaron una iniciativa de juicio político en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), catalogados como “traidores”, luego de que el pasado 14 de junio, emitieran un voto a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), autorizando su “jurisdicción especial”.
La denuncia impulsada por los diputados: Doris Gutiérrez, Luis Redondo, David Reyes, Tomás Antonio Ramírez, Jari Dixon Herrera, Andrés Rolando Benedith, Kenia Montero y Modesto Herrera.
En el documento, exigen al secretario general del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, considerar la petición para presentar al pleno y votar para el desarrollo del juicio político, conforme a lo establecido en la Constitución de la República.
En ese sentido, además del juicio, exigen que se destituya inmediatamente a los magistrados:
1. Rolando Edgardo Argueta (presidente)
2. Reynaldo Antonio Hernández (Sala Civil)
3. Edwin Francisco Ortez (Sala de lo Constitucional)
4. Jorge Abilio Serrano (Sala de lo Constitucional)
5. Lidia Álvarez Sagastume (Sala de lo Constitucional)
6. Reina Auxiliadora Hércules (Sala de lo Constitucional)
7. Jorge Alberto Zelaya (Sala de lo Constitucional)
8. María Fernanda Castro (Sala Laboral)
9. Miguel Alberto Pineda (Sala Laboral)
10. José Olivio Rodríguez (Sala de lo Penal)
11. Rafael Alberto Bustillo (Sala de lo Penal)
12. Garín Enoc Urquía (suplente en lugar de Wilfredo Méndez Romero)
Los diputados denunciantes explican a través del documento las causales en que se han fundamentado conforme a las leyes, por tal razón, desglosan el numeral 2 del artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político.
El precepto constitucional dicta que: “Actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el Interés Nacional: Es la realización de acciones u omisiones que manifiestamente sean contrarias a las funciones, obligaciones y atribuciones establecidas en la Constitución de la República para el cargo que desempeña o que lesiona el Interés Nacional por ser contradictoria con las diferentes políticas de Estado”.
Los congresistas destacan que aunque la Corte aprobó la “jurisdicción especial” por mayoría, es necesario prestar atención a la discrepancia de los magistrados Edgardo Cáceres Castellanos, Rina Auxiliadora Alvarado y Alma Consuelo Guzmán, que votaron en contra.
Además, sostienen que la resolución fue arbitraria e ilegal, al margen de la Constitución, porque las ZEDE no cuentan con el respaldo popular de los hondureños, evadiendo además el proceso de consulta popular del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Honduras es firmante.
Por otro lado, mencionan que el PJ debe ser destituido por su accionar, “aun cuando los sectores de la Sociedad Civil y distintas organizaciones de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las cámaras de comercio del país se han pronunciado en contra de la Ley ZEDES por considerarla INCONSTITUCIONAL al violar nuestra soberanía, forma de gobierno y régimen fiscal”.
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