De acuerdo con el reporte del Copinh en la audiencia contra el exejecutivo de la empresa DESA, David Castillo (foto), se ha expuesto que éste se valió de conocimientos militares para monitorear, acosar e intimidar a la mundialmente reconocida líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Con la sentencia de David Castillo podría conocerse a los demás autores intelectuales que se han librado hasta ahora del caso de Berta Cáceres, pues según las pruebas presentadas al Tribunal, el acusado recibió dinero del gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, Daniel Atala, para gestionar el asesinato.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), denunció a través de su cuenta oficial de Twitter, que el exmilitar y exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David castillo, utilizó métodos castrenses para vigilar, acosar e intimidar a la mundialmente reconocida ambientalista y líder indígena, Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
De acuerdo a la denuncia del Copinh, que dio cobertura a la audiencia de Castillo, éste aplicó métodos bélicos en coordinación con los militares Douglas Bustillo y Mariano Díaz.
“Los tres son miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras entrenados en los EE.UU., y utilizaron sus conocimientos de manera criminal”, apuntó el tuit de la organización indígena. Según el historial de Castillo, él fue ascendido a Subteniente de Inteligencia el 1 de febrero de 2006.
En su publicación, también denunciaron que las autoridades se han negado a investigar las estructuras dentro del ejército vinculado en crímenes hacia defensores del ambiente, como el caso de Mariano Díaz uno de los sentenciados en 2018, quien era Mayor del Ejército al momento de su captura.
Es de recordar que, David Castillo, es un militar hondureño, exfuncionario público en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), convertido en empresario con vínculos en ocho empresas en Honduras y Panamá.
Su relación con DESA, destaca sendos actos de corrupción, ilegalidades, influencias indebidas a operadores de justicia y fuerzas de seguridad del Estado, violaciones y discriminaciones a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, además de estar ligado a empresas vinculadas al narcotráfico, acoso sexual, persecución y por supuesto se le acusa como autor intelectual del crimen contra Berta Cáceres.
Cabe señalar que el abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, informó que la defensa de Castillo presentó el pasado 7 de abril una nueva recusación, justo después de la prueba que él presentó para comprobar que existen varios autores intelectuales.
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Explicó que Castillo recibió dinero de la defensa del gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, Daniel Atala, para que se encargara de la logística para asesinar a Cáceres, dos días antes de que ocurriera.
Los abogados del acusado han interrumpido el juicio en cuatro ocasiones, siempre excusándose en recursos pendientes o procesos periciales en proceso, aunque esta vez el juez siguió con el programa judicial el juicio inició a pesar de los alegatos, la última recusación fue en contra del Tribunal de Sentencia que decidiría sobre su culpabilidad, por lo cual habrá que esperar la decisión de la Corte de Apelaciones.
Castillo ha estado bajo custodia desde marzo de 2018 –desde que intentó huir del país– él dirigía al empresa DESA que ejecutaba el proyecto hidroeléctrico en Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía porque invadía y destruía el territorio de la comunidad indígena. Según la Fiscalía, este fue el motivo por el que se ordenó el asesinato de Berta.
Este es uno de los casos más claros sobre asesinatos a ambientalistas en América Latina, sin embargo, la justicia hondureña aún no va por los demás autores intelectuales. De momento los únicos que han sido condenados son los autores materiales: el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana; el exmilitar, Douglas Geovanny Bustillo; el Mayor del Ejército, Mariano Díaz Chávez. Asimismo, sentenciaron al exoficial del Ejército, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres.
El Ministerio Público asegura que Bustillo (sentenciado a 30 años de prisión en 2018) y Castillo planearon y dieron seguimiento al asesinato de Cáceres a través de mensajes de texto y llamadas. De esa forma, Castillo apoyó en la logística y acordó la entrega de recursos para consumar el crimen.
Esa prueba surgió de “los vaciados telefónicos en la que aparece la conversación de David Castillo con Douglas Bustillo”, explicó el abogado Fernández. A su vez, aseguró que lo más importante de sentenciar a David Castillo daría paso a conocer a los demás autores intelectuales, pues el expresidente de DESA “era empleado de la estructura económica criminal que ejecutó el asesinato de Berta Cáceres”, apuntó.
Sin embargo, la apoderada legal de Castillo, Ritza Antúnez, señala que esas pruebas son creadas, y que su cliente debería ser absuelto de todos los señalamientos. A su criterio, manifiesta que terminaran por sentenciar a un “inocente” debido a la presión internacional que hay en el caso.
Se espera que el Tribunal de Sentencia concluya el debate del juicio oral y público contra David Castillo el próximo 30 de abril. Así, finalmente se establecería la fecha fija para conocer si el acusado es inocente o culpable del vil asesinado de la lideresa Berta Cáceres.
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