El coordinador de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, ha dicho que el Ministerio Público debe actuar de oficio contra las personas mencionadas en los juicios de New York, sobre todo contra Juan Hernández tras el comunicado de la DEA donde el órgano federal menciona que él y su hermano, ya sentenciado, han liderado una “violenta conspiración de tráfico de drogas”.
Por otro lado, el abogado Nestor Ochoa ha observado que tras la sentencia de “Tony” se anula el argumento de “venganza” de criminales extraditados, y advierte que el próximo en rendir cuentas ante la Corte de New York es Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Tony Hernández, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el Estado”, así lo ha dicho la DEA en un comunicado oficial donde aplaude el castigo impuesto al exdiputado del Partido Nacional: cadena perpetua más 30 años de prisión por “daños” a Estados Unidos.
Y ante lo anterior, el Juez del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, ha dicho a EL LIBERTADOR, que el Ministerio Público, “debería de actuar de oficio porque la ley se lo establece”.
Lo anterior se enmarca a una acción contra las “personas de interés” para el Departamento de Justicia de EE.UU., sobre todo contra el gobernante Juan Hernández, quien ha sido vinculado a la narcoactividad por los fiscales de ese país.
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Díaz recalcó que cuando existe una acusación contra determina persona, independientemente de su estatus político y económico, la Fiscalía tiene la obligación de investigarlo, por lo que sugiere al menos un pronunciamiento al respecto para que la nación se entere si al menos ha iniciado acciones “en secreto” o si de plano no está haciendo nada.
Y es que por varios años se ha cuestionado que el Ministerio Público ha sido inoperante con relación a los acontecimientos suscitados en la Corte del Distrito Sur de New York, porque a la fecha no ha formalizado un requerimiento a personas sentenciadas en el norteamericano país.
Ante esto, el profesional del derecho ha dicho que “un país que exprese ser medianamente democrático debería tener la capacidad de enjuiciar a todos sus ciudadanos independiente del estatus político y social que tengan”.
Además critica que una persona sea juzgada y sentenciada en otro país y que ante el Poder Judicial no tenga ninguna denuncia, es un reflejo de la débil institucionalidad de la nación y la falta de un Estado de Derecho.
Cabe señalar que en febrero pasado EE.UU. pidió la extradición de tres hondureños, que se presumen son Arnaldo Urbina, Mario Hernández y Juan Carlos Bonilla, pero que a la fecha no se ha podido ejecutar, al respecto, Díaz ha dicho que es la CSJ la que debe emitir un pronunciamiento al respecto.
En tanto, el abogado Nestor Ochoa, observa que el castigo a “Tony” ha truncado el argumento del gobernante hondureño sobre “acusaciones falsas” por venganza: “ya no se maneja la hipótesis que han querido dejar que son los criminales los que les están acusando”.
Con lo anterior, afirma que el siguiente para ser enjuiciado, “es el mandatario”. Al respecto del silencio de la Fiscalía, ha dicho que esto comprueba que todo el aparato gubernamental “es una organización criminal”, por lo anterior, incita a la sociedad que la lucha “no puede venir a hacerla la justicia extranjera, sino que la tiene que hacer el propio pueblo hondureño”.
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